I. Planteamiento y delimitación del objeto
La defensa de los afectados por un cártel vale lo que valga su capacidad para convertir la declaración de ilicitud en una reparación que el perjudicado pueda obtener de verdad. Una resolución sancionadora puede describir con todo detalle el intercambio de información entre competidores y dejar, sin embargo, al comprador frente a tres obstáculos: saber a quién demandar, probar un precio competitivo que nunca existió y conservar viva la acción mientras la infracción se discute durante años ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando esos obstáculos se suman, el derecho al resarcimiento existe en el papel y desaparece en la práctica.
La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 1645/2026, de 22 de octubre, de la que es ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, despeja dos de ellos. Declara que Stellantis responde del sobreprecio pagado por los compradores de vehículos Chevrolet, marca que ni fabricó ni distribuyó, y fija el daño, por estimación judicial, en el 5% del precio de adquisición, con intereses legales desde la compra. El mismo día, la STS 1644/2026, de 22 de octubre, resolvió en idénticos términos la cuantificación en un litigio de compradores de Citroën y ambas descansan en la doctrina del “daño mínimo indemnizable” que la Sala había formulado la víspera, a propósito del cártel de la leche, en la STS 1635/2026, de 21 de octubre.
Hemos defendido desde hace años que el consumidor que adquirió un automóvil cartelizado es un sujeto de especial tutela y que el sistema debía medirse por su aptitud para remover aquellos obstáculos. Estas páginas analizan lo que el Supremo ha resuelto y lo que deja abierto. Nos ceñimos al cártel de fabricantes del expediente S/0482/13 y a la reparación del sobreprecio de adquisición. Los expedientes relativos a las redes de concesionarios tienen sujetos, territorios y períodos propios y no deben confundirse con aquel.
II. Antecedentes del litigio y delimitación de los posibles afectados
- La infracción y el perjuicio cuya reparación se solicita
La resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 23 de julio de 2015, expediente S/0482/13, declaró una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en el intercambio de información comercialmente sensible entre las filiales españolas de los fabricantes, con la colaboración de dos consultoras. Los intercambios se canalizaron a través de tres foros -gestión empresarial, posventa y marketing, y las llamadas «Jornadas de Constructores»-, con una participación y una duración distintas para cada empresa, y se extendieron en lo sustancial entre 2006 y 2013. La propia resolución cifra la cobertura de las empresas incoadas en torno al 91% de la distribución de automóviles en España.
Lo que importa a la acción de daños es que el precio pagado pudo superar el que habría resultado de una competencia no falseada. El descuento que el comprador habría obtenido en un mercado competitivo y no obtuvo también es sobreprecio. No hace falta que las marcas pactaran una tarifa común ni que cada concesionario recibiera la orden de subir el precio de un coche concreto. Cosa distinta es que el carácter restrictivo de la conducta y el perjuicio individual de cada comprador sean cuestiones conexas pero diferentes, y así deben tratarse en la demanda.
- El litigio resuelto
Algo más de setenta compradores de vehículos Opel y Chevrolet demandaron a Stellantis España, S.L., sucesora de General Motors España, en reclamación del sobreprecio. La demanda se presentó en febrero de 2023 y se tramitó como juicio verbal ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra. El informe pericial de los actores cifraba el sobreprecio entre el 10,12% de las compras de 2006 y el 19,74% de las de 2013. El juzgado desestimó la demanda por entender que el informe no alcanzaba el estándar mínimo de esfuerzo probatorio. La Audiencia Provincial de Pontevedra apreció el daño por presunción judicial y lo estimó en un escueto 2%. El Supremo desestimó el recurso de Stellantis y estimó el de los compradores, elevando el porcentaje a un no mucho más generoso 5%. La cifra queda aún lejos de la reclamada y de la que, con apoyo en la literatura económica, hemos considerado razonable en estudios anteriores.
La singularidad del caso estaba en la legitimación pasiva: una parte de los vehículos era de una marca que la demandada nunca fabricó ni comercializó.
- Adquirentes: consumidores, empresas y otras posiciones patrimoniales
La condición de consumidor no es presupuesto de la acción. Puede reclamar toda persona, física o jurídica, que haya soportado el perjuicio -profesionales, empresas, titulares de flotas-, siempre que exista relación de causalidad entre el daño y la conducta prohibida, sin necesidad de un vínculo contractual con el infractor, tal y como proyectó la STJUE de 12 de diciembre de 2019, Otis y otros, C-435/18. Comprar en un concesionario no rompe el nexo con el ilícito del fabricante, porque el sobreprecio viaja a lo largo de la cadena de distribución. Si el comprador es consumidor, le asisten además las reglas procesales que lo protegen, a las que nos referiremos.
Para identificar a cada afectado hay que comprobar la compra, el precio efectivamente pagado, marca y modelo, la fecha y su encaje en el ámbito material y temporal de la infracción. La titularidad registral no sustituye a la factura, al contrato y al justificante del pago. Quien compró en el período afectado y vendió después sigue siendo perjudicado. La reventa abre, a lo sumo, un debate sobre la repercusión del sobrecoste que deberá probar quien la alegue. Y, a la inversa, ser hoy propietario de un coche matriculado entre 2006 y 2013 no basta.
El arrendamiento financiero, el renting y las compras de ocasión piden un examen propio. En el leasing, la STS 381/2024, de 14 de marzo, consideró improcedente negar legitimación al comprador por no acreditar el pago de la última cuota cuando la demandada, cuya financiera pertenecía al mismo grupo, no había alegado impago ni resolución del contrato. En el renting habrá que ver si el sobrecoste se trasladó a la renta y quién lo soportó. Nada de ello permite atribuir a cualquier usuario el 5% del precio de catálogo como tampoco excluye al adquirente indirecto por el solo hecho de serlo.
Conviene, por último, no mezclar el cártel de fabricantes con los de concesionarios. Una misma marca puede aparecer en expedientes distintos, y la coincidencia del vehículo no autoriza a sumar porcentajes cuando ambas infracciones describen una misma pérdida. Si los daños son distintos, se individualizarán y si confluyen en uno solo, el límite es su reparación íntegra.
III. Fundamento de la acción y aplicación temporal de las normas
La acción es extracontractual. El Supremo lo dice con claridad: la responsabilidad de las sancionadas «deriva no tanto de haber fabricado o comercializado automóviles con un precio cartelizado, con un sobreprecio, como de la participación de todas ellas en el cártel, conducta esta que propició ese sobreprecio». El título de imputación es la infracción de los artículos 101 TFUE y 1 LDC causante de un daño, que el Derecho interno canaliza a través del artículo 1902 del Código Civil (CC). La compraventa sirve para identificar y medir el perjuicio, pero no convierte en contractual la reclamación frente a un cartelista con el que el comprador nunca contrató, ni obliga a pedir la nulidad o la resolución del contrato.
La Directiva 2014/104/UE y su transposición por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, no se aplican ni se excluyen en bloque. El artículo 22 de la Directiva separa las disposiciones sustantivas, que no pueden aplicarse retroactivamente, de las demás, aplicables a las acciones ejercitadas después del 26 de diciembre de 2014. La disposición transitoria primera del Real Decreto-ley sigue la misma pauta. Hay que examinar, pues, regla por regla, y distinguir hitos que a menudo se confunden: la fecha de la infracción, la consolidación de la situación jurídica, la firmeza de la resolución y la presentación de la demanda.
La STJUE de 22 de junio de 2022 ofreció el método en Volvo y DAF Trucks. La prescripción y la presunción de daño del artículo 17.2 son normas sustantivas. La facultad de estimación judicial del artículo 17.1 es procesal y alcanza a las demandas presentadas tras la entrada en vigor de la norma de transposición, que en España se produjo el 27 de mayo de 2017. Una infracción concluida antes de terminar el plazo de transposición puede, por tanto, quedar fuera de la presunción legal y, a la vez, sometida a la facultad estimativa.
La eficacia de la resolución sancionadora sigue la misma lógica. El artículo 75.1 LDC tiene por irrefutable la infracción constatada en una resolución firme de una autoridad o de un tribunal españoles. La STJUE de 20 de abril de 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C-25/21, declaró que, como la firmeza es el hecho que dota a la constatación de ese efecto, lo decisivo para su aplicación temporal es la fecha en que la resolución devino firme y que, si la regla no fuera aplicable, el principio de efectividad obliga a reconocer a la resolución firme una presunción iuris tantum de infracción, siempre que coincidan su naturaleza y su alcance material, personal, temporal y territorial. En el cártel de automóviles la firmeza llegó en 2021, con las sentencias de la Sala Tercera que resolvieron los recursos de cada fabricante. A nuestro juicio, el artículo 75.1 LDC es aplicable ratione temporis. Ninguno de esos planos fija, claro está, el importe del daño de cada comprador.
De ahí que la afirmación del fundamento cuarto de la sentencia, según la cual la Directiva no se aplica «tanto por la fecha en que ocurrieron los hechos, como porque la autoridad sancionadora fue nacional y no comunitaria», deba leerse con cautela. La primera razón vale para las normas sustantivas cuya situación se consolidó antes del 27 de diciembre de 2016. La segunda no tiene apoyo: la Directiva comprende las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión, y entre las autoridades de la competencia incluye a las nacionales. Más aún, en la STJUE de 4 de septiembre de 2025, Nissan Iberia, C-21/24, el Tribunal de Justicia aplicó ratione temporis el artículo 10 de la Directiva a una acción derivada de esta misma resolución de la CNMC. El reparo no altera el fallo, que se apoya en la jurisprudencia propia sobre presunción y estimación del daño, pero impide que una consideración incidental se convierta en regla de exclusión.
IV. La solidaridad impropia y la elección del responsable
- La conducta conjunta como fundamento de imputación
El núcleo de la sentencia es la extensión al cártel de automóviles de la doctrina de la solidaridad ya aplicada en el de camiones. Stellantis pedía que se declarase que en este cártel «no existe una pluralidad de sujetos que hayan causado un daño de forma conjunta e indivisible» y que «es posible individualizar la contribución causal de cada uno de los sancionados». La Sala lo rechaza y recuerda que la cuestión ya había quedado resuelta en las sentencias del cártel de camiones de 6 de mayo, 30 de junio y 7 de julio de 2026: «No existen razones para no aplicarla también al cártel de los coches».
El razonamiento merece ser transcrito en su núcleo. Aunque cuando se desarrolló el cártel no había norma que estableciera la solidaridad de los cartelistas -el artículo 73.1 LDC no rige por razones temporales-, la jurisprudencia permite declararla, y «como quiera que, por la fecha de los hechos, esta solidaridad no proviene de una disposición legal, se ajusta a lo que la jurisprudencia de la sala denomina solidaridad impropia, en tanto que deriva de su declaración judicial». Su fundamento es la imposibilidad de individualizar la contribución causal de cada partícipe, pues el sobreprecio «trae causa del acuerdo colusorio en el que participaron todos los fabricantes sancionados, con independencia del concreto miembro del cártel de quien el demandante adquiriese el automóvil».
La Sala se apoya en el Derecho de la Unión. Según la STJUE de 16 de febrero de 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C-312/21, el artículo 11.1 de la Directiva, que establece la responsabilidad conjunta y solidaria de quienes infringen el Derecho de la competencia mediante una conducta conjunta, codifica la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia. Y en la STJUE de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans, C-451/18, dictada en materia de competencia judicial internacional, ya se había afirmado que una infracción única y continuada implica la responsabilidad solidaria de sus autores. Añade el Supremo un dato que no debe pasar inadvertido: la solidaridad es una consecuencia de la efectividad de los artículos 101 TFUE y 1 LDC «e incluso añade un efecto disuasorio para la comisión de conductas anticompetitivas».
En la relación entre víctima e infractores, por tanto, no hay que averiguar qué parte del sobreprecio procede de cada uno. La marca del coche sirve para localizar la operación, no para descomponer el efecto del intercambio de información sobre el precio. Contribuir al ilícito común y participar en la deuda interna son planos distintos, y el demandado no puede hacer depender su condena de que el perjudicado reconstruya las cuotas internas.
- Alcance del ius electionis y acción de regreso
La sentencia invoca expresamente «el clásico ius electionis de las obligaciones solidarias»: si fue la conducta conjunta la que produjo el daño, «no es exigible al damnificado que individualice una concreta contribución causal», y la solidaridad traslada al ámbito interno de los infractores el reparto de responsabilidades. El comprador puede dirigirse contra cualquiera de los responsables por la totalidad del perjuicio, sin reclamar antes al fabricante de su marca ni acreditar su insolvencia. La marca deja de ser el límite de la legitimación pasiva.
La solución favorece a quien compró una marca cuyo distribuidor se extinguió, se reorganizó o abandonó el mercado español. Y Chevrolet, es precisamente el ejemplo. Pero elegir a otro responsable obliga a identificar bien a la persona jurídica y su vínculo con la infracción. Una demanda que confunda marcas, filiales, matrices y denominaciones comerciales pierde de un plumazo la ventaja que la solidaridad le otorga.
El cartelista que pague podrá repetir contra los demás en un proceso posterior, por la cuantía que corresponda a su responsabilidad relativa, como ya permitía el artículo 1145 CC y prevén hoy los artículos 11.5 de la Directiva y 73.5 LDC. La sentencia no fija cuotas internas ni presume que sean iguales como tampoco, como es lógico, permite al perjudicado cobrar dos veces el mismo daño.
Que haya varios responsables no obliga a demandarlos a todos. A nuestro juicio, la elección debe atender a la claridad de la imputación, a la vigencia de la acción frente a cada uno, a su solvencia y al coste de cada nueva relación procesal. La acumulación subjetiva puede ser útil; no es requisito de admisibilidad.
- Los límites de la imputación
La solidaridad presupone un daño nacido de la infracción común. Que la infracción sea única y continuada no permite olvidar el ámbito material y temporal de la participación de cada empresa, que en este expediente varió según los foros. En el caso resuelto no se discutía que el fabricante de Chevrolet había participado en el cártel -«No existe controversia sobre que los vehículos de marca Chevrolet eran también productos cartelizados pues su fabricante participó en el cártel», dice la Sala-, de modo que la sentencia no resuelve todas las combinaciones entre participaciones limitadas a ciertos foros y daños imputados a otros.
Ahora bien, probar que el demandado intervino en la infracción relevante es una cosa, y exigir al comprador que cuantifique su cuota causal, otra muy distinta. Lo primero es presupuesto de la responsabilidad; lo segundo pertenece al regreso interno que la solidaridad ahorra a la víctima. Tampoco cabe extender la condena a empresas que no participaron ni reunir bajo un mismo título daños de cárteles diferentes.
Otro problema es el de la responsabilidad dentro de una unidad económica o por sucesión de empresa. La víctima puede reclamar a una filial no destinataria de la decisión si ambas sociedades forman una unidad económica y prueba el vínculo entre la actividad de la filial y el objeto de la infracción siguiendo la doctrina establecida en la STJUE de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros, C-724/17 y puede dirigirse contra las sociedades que adquirieron a las infractoras y continuaron su actividad. Son títulos útiles ante reorganizaciones societarias como las que han desembocado en Stellantis, pero distintos de la solidaridad entre empresas independientes que actuaron juntas.
Las especialidades vigentes para pequeñas y medianas empresas y para los beneficiarios de clemencia (artículo 73, apartados 2 a 4, LDC) requieren su propio examen temporal, y la sentencia no se pronuncia sobre ellas. Exención de multa y exención de responsabilidad civil no son lo mismo, y no cabe importar retroactivamente todo el régimen del artículo 73 LDC porque favorezca a una de las partes.
V. La prueba del daño y la distribución de la incertidumbre
- Infracción, daño, causalidad y cuantificación
La demanda tiene que probar cuatro cosas: la infracción, el perjuicio propio, el nexo causal y su importe. La resolución firme resuelve la primera, pero no identifica la compra ni liquida el daño de cada comprador. La solidaridad simplifica la imputación externa entre responsables, pero no acredita que una operación concreta resultara afectada.
Respecto del daño, no deben confundirse la presunción legal del artículo 76.3 LDC, sujeta a su régimen temporal sustantivo, y las presunciones judiciales del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que permiten deducir un hecho de otros probados mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Que la primera no se aplique no impide la segunda, fundada en la duración, la cobertura y las características de la conducta.
Stellantis invocó el artículo 217 LEC para combatir la suficiencia del informe de los compradores. La Sala, en la tan citada STS de 22 de octubre de 2026, recuerda su jurisprudencia constante: las reglas de la carga de la prueba no dicen quién debe probar ni cómo, sino a quién perjudica la falta de prueba al sentenciar, y solo se infringen si la sentencia atribuye esa consecuencia a quien no correspondía. Cuando el daño se declara probado por presunción y el tribunal considera justificado el esfuerzo probatorio del actor para acudir a la estimación judicial, «[n]o es admisible que en un motivo de recurso basado en la infracción del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pretenda impugnar la valoración de una prueba».
La STS 1644/2026 añade una distinción de gran utilidad práctica. Un defecto metodológico del informe pericial -en aquel caso, un análisis de diferencias en diferencias sin variable temporal- podría justificar la impugnación de una sentencia que hubiera acogido la cifra del perito, pero no basta para combatir la apreciación de que ese informe, pese a sus defectos, reflejaba un mínimo esfuerzo probatorio «a los meros efectos de abrir la puerta a la estimación judicial». El listón para cuantificar y el listón para acreditar diligencia probatoria son, pues, distintos.
- Esfuerzo probatorio proporcionado y acceso a las fuentes
Cuantificar el sobreprecio obliga a construir un escenario contrafactual: lo que el comprador habría pagado sin cártel. Como ese precio nunca existió, la econometría trabaja con comparaciones, hipótesis y márgenes de error. La guía de la CNMC sobre cuantificación de daños ayuda a valorar la calidad de los datos y la elección de los comparadores, pero no establece porcentajes ni sustituye al juez.
Los artículos 283 bis a) a 283 bis k) LEC permiten pedir el acceso a fuentes de prueba pertinentes y proporcionadas, también antes de la demanda, con respeto de la confidencialidad y de la protección reforzada de las declaraciones de clemencia. La STJUE de 10 de noviembre de 2022, PACCAR y otros, C-163/21, admite incluso que la exhibición comprenda documentos que la parte requerida deba elaborar agregando o clasificando datos que obren en su poder, bajo un estricto control de proporcionalidad. Pero no son una carga ritual: el Supremo ha dicho que su uso es un elemento más para valorar el esfuerzo del perjudicado, «no […] una exigencia de carácter ineludible», y que ese juicio ha de hacerse desde la fecha de la demanda «para no caer en un sesgo retrospectivo».
En reclamaciones de escasa cuantía, sin embargo, exigir una reconstrucción económica cuyo coste absorba buena parte de la indemnización hace excesivamente difícil la reparación. No se trata de dispensar de toda prueba, sino de ponderar qué datos eran razonablemente accesibles, cuánto costaba obtenerlos, qué información conserva el infractor y qué se sabía cuándo se preparó la demanda. La asimetría informativa forma parte de ese juicio de proporcionalidad. Y el informe aceptado en una demanda de 2023 no queda homologado para siempre: en las reclamaciones de 2026 conviene actualizar los datos y explicar por qué no es posible una cuantificación más precisa.
Imponer al consumidor un informe pericial complejo, con el coste que conlleva, hará inviable un buen número de reclamaciones y disuadirá a los afectados de ejercer su derecho. Lo deseable, en nuestra opinión, sería que la propia resolución de la CNMC ofreciera una horquilla de cuantificación del daño y que, con base en ella y en su confirmación judicial, bastara para fundar la reclamación del usuario. No se pretende que la autoridad de competencia actúe como una suerte de «consultorio judicial», pero en supuestos de afectación masiva de consumidores no es realista confiar en la aplicación privada del Derecho de la competencia si se deja a los perjudicados huérfanos de apoyo probatorio. Ese sobreesfuerzo puede exigirse a grandes empresas con medios para afrontarlo, pero no a los consumidores, ni siquiera a las pymes.
En juicios verbales en los que el importe reclamado con frecuencia no alcanza los dos mil euros, no es proporcionado exigir pericias y contrapericias. Ante la dificultad de aplicar métodos que requieren información exhaustiva -que en este cártel tampoco aportarían de forma sustancial las diligencias preparatorias-, nos parece adecuado acudir a los sobrecostes medios observados en los cárteles y establecer un criterio de entre el 10% y el 15% del precio pagado.
La literatura empírica avala ese orden de magnitud. El estudio de BOLOTOVA sobre 406 estimaciones de sobreprecio, que abarca seis regímenes de Derecho antitrust desde el siglo XVIII, sitúa la mediana del sobreprecio en el 20% del precio de venta y constata que los cárteles internacionales imponen sobreprecios superiores a los domésticos. Un 15% es ya, a nuestro juicio, una estimación prudente, inferior a esa mediana.
El artículo 17 de la Directiva 2014/104/UE establece una presunción refutable de que los cárteles causan daños -cuya aplicación temporal, como se ha visto, ha de examinarse caso por caso- y faculta a los jueces nacionales para estimar el importe del perjuicio cuando su cuantificación sea prácticamente imposible o excesivamente difícil. Esta facultad, unida a los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria del artículo 217.7 LEC, justifica la flexibilidad probatoria que propugnamos para evitar al consumidor periciales costosas en litigios de reducida cuantía.
VI. La estimación judicial del importe indemnizable
- El 5% y su fundamento
El artículo 76.2 LDC, introducido por el Real Decreto-ley 9/2017, faculta a los tribunales para estimar el importe de los daños cuando, acreditada su existencia, resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión. Y, su apartado 4, permite a las autoridades de competencia informar, a requerimiento del tribunal, sobre los criterios de cuantificación. Lo razonable sería que la CNMC emitiera un informe de esa naturaleza que sirviera de pauta a la litigación en masa que este cártel ha generado, simplificando extraordinariamente su planteamiento y resolución. A ello se suma el artículo 15 bis LEC, introducido por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2007, que permite a la CNMC intervenir en el proceso civil, sin ser parte, aportando información u observaciones.
El Supremo ha optado por otra vía. Parte de la constatación de que, aunque la normativa europea presume que los cárteles causan daños, ni la Directiva establece un estándar de cálculo ni las legislaciones nacionales son uniformes -algunas presumen un sobreprecio del 20% (Rumanía) o del 10% (Letonia y Hungría)-, y de que el silencio legislativo, «equivalente a la elección de un valor predeterminado del 0%», previene la sobrecompensación, pero es ineficaz para lograr una compensación plena. A falta de ley, «la responsabilidad se ha trasladado a la jurisprudencia».
La Sala precisa que no impone una «indemnización mínima» en sentido estricto -«expresión que puede sugerir daños punitivos o tasados»-, sino un «daño mínimo indemnizable inferido de la existencia y características del cártel y cuantificado mediante estimación judicial cuando la prueba exacta del sobreprecio resulta extraordinariamente difícil». Y concluye que el 2% fijado en apelación, «por su escasa magnitud, no garantiza debidamente la compensación económica del daño producido por la infracción, incrementa el riesgo de que la legislación en la materia resulte inefectiva y no produce el deseable efecto disuasorio respecto de la comisión de estas conductas ilícitas».
El 5% no es, sin embargo, una tarifa. En el cártel de la leche, la misma Sala mantuvo un 2% porque la Audiencia lo había justificado con datos concretos -menor intensidad de la conducta, cuota conjunta próxima al 50%, discontinuidad temporal, dispersión de precios- y advirtió que todo lo expuesto sobre el daño mínimo «es presuntivo, no una regla de aplicación fija u obligatoria». El 5% opera, en suma, como una presunción práctica de daño mínimo: quien pretenda bajar de ahí debe justificarlo con circunstancias del mercado afectado, y quien sostenga un daño mayor puede probarlo.
La pretensión puede apoyarse, por tanto, en una pericial que justifique una cifra superior, con una petición subsidiaria de estimación judicial. Pero ese esfuerzo, como hemos señalado, resultará desmedido para el consumidor o PYMES, salvo excepciones puntuales -v.gr. caso de grandes flotas-. La estimación judicial, por su parte, no exime al tribunal de motivar por qué hay daño, por qué no puede fijarse con mayor precisión y por qué la cifra elegida lo repara. La uniformidad evita desigualdades entre asuntos iguales, pero no puede ignorar diferencias económicas relevantes.
Queda, por último, la relación entre reparación y disuasión. Los artículos 3.3 de la Directiva y 72.3 LDC excluyen la sobrecompensación mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo. Pero que el Supremo invoque el «deseable efecto disuasorio» para elevar el porcentaje confirma lo que venimos sosteniendo: una indemnización sistemáticamente insuficiente deja el beneficio ilícito en el patrimonio del infractor, porque solo una minoría de afectados llega a reclamar. La previsión legal de una presunción cuantitativa refutable, como la que la propia Sala describe en otros ordenamientos, corresponde al legislador.
- Base de cálculo, intereses, repercusión y costas
La base de cálculo es el precio de adquisición efectivamente pagado. No cabe usar sin explicación el precio de catálogo, sumar el coste de la financiación o incluir conceptos ajenos a la compra. Si hubo descuentos, entrega de otro vehículo o servicios financiados con el coche, la demanda debe desglosar la operación. Y el IVA deducible por un comprador empresarial merece la misma atención al perjuicio real.
Los intereses compensatorios restituyen el valor temporal del dinero. La sentencia mantiene el interés legal desde la compra de cada vehículo, también frente a la demandada que no fabricó la marca adquirida. Deben distinguirse de los intereses procesales del artículo 576 LEC para no computar dos veces el mismo período. En cuanto a la repercusión del sobrecoste, el uso empresarial del vehículo, su amortización o su reventa no prueban por sí mismos que el sobreprecio se trasladara: quien alegue la repercusión deberá acreditarla, y la aplicación temporal de los artículos 78 y 79 LDC tendrá que justificarse.
En costas, la sentencia aplica la redacción de los artículos 394 y 398 LEC anterior al Real Decreto-ley 6/2023: no impone las de primera instancia ni las de apelación y condena a Stellantis a las de su recurso de casación. El Tribunal de Justicia admitió en Tráficos Manuel Ferrer que, en caso de estimación parcial, cada parte abone sus costas. Pero un proceso que concluye sin condena en costas del cartelista contradice el principio de indemnidad del perjudicado y lo disuade de litigar. Así se ha entendido en los litigios sobre cláusulas abusivas, donde el Tribunal de Justicia ha considerado contrario al principio de efectividad que el consumidor cargue con parte de las costas en función del importe restituido. Aunque esa doctrina se formuló al amparo de la Directiva 93/13/CEE, su fundamento es trasladable a la tutela del consumidor perjudicado por un cártel.
VII. Prescripción y tempestividad de la acción
- El régimen transitorio y la duración del plazo
La solidaridad no resucita acciones prescritas. La sentencia no fija un nuevo plazo ni declara interrumpidas las acciones de quienes no litigaron; abre alternativas de legitimación pasiva, y cada una debe pasar su propio control de tempestividad.
Antes de la transposición, la acción se sujetaba al plazo de un año del artículo 1968.2.º CC, computado conforme al artículo 1969 CC. El artículo 74.1 LDC lo fija hoy en cinco años. Según Volvo y DAF Trucks, el régimen de la Directiva se aplica si el plazo anterior no se había agotado al terminar el período de transposición, el 27 de diciembre de 2016. En el cártel de automóviles, Nissan Iberia lo ha despejado: como el plazo no podía empezar a correr antes de la firmeza, alcanzada en 2021, en diciembre de 2016 ni siquiera había comenzado, la situación no estaba consolidada y el artículo 10 de la Directiva resulta aplicable. Una compra de 2008 puede, por tanto, quedar sometida al plazo quinquenal.
La interpretación conforme tiene límites -la Directiva no produce efecto directo horizontal ni autoriza una lectura contra legem-, pero tampoco puede computarse el plazo como si una noticia general sobre el expediente hubiera bastado para demandar. Las empresas que no recurrieron, o cuyos recursos concluyeron en fechas distintas, exigen una comprobación propia.
- Firmeza y publicidad después de Nissan Iberia
Nissan Iberia es decisiva para las acciones consecutivas a resoluciones nacionales. Mientras la resolución de la CNMC no es firme no vincula al juez civil, y por eso no puede considerarse que el perjudicado conozca antes la información indispensable para demandar. El Tribunal exige además una publicidad adecuada: la sentencia que confiere firmeza debe publicarse oficialmente, ser de libre acceso y mostrar con claridad su fecha de publicación, extremo que corresponde comprobar al juez nacional y que la base de datos del CENDOJ reúne, en principio. La Sala Primera ha hecho suya esta doctrina en la STS 1635/2026.
La fecha de una sentencia y la de su publicación no son, pues, intercambiables, y la demanda debe acreditar ambas respecto del demandado. El régimen de las decisiones de la Comisión es distinto: vinculan al juez nacional aunque se recurran, y en ellas la publicación del resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea desempeña un papel central, por lo que la jurisprudencia del cártel de camiones no puede trasladarse sin más al de automóviles.
El expediente tampoco tiene una fecha única de firmeza: cada fabricante recurrió por separado. Respecto de General Motors España, por ejemplo, la firmeza derivó de la sentencia de la Sala Tercera de 5 de octubre de 2021. En el cártel de camiones, el Supremo atendió a la publicación de la decisión relativa a Scania, el 30 de junio de 2020, sin adelantar el conocimiento a la decisión anterior relativa a otros fabricantes. Lo que no cabe es escoger la fecha más tardía del expediente: hay que justificar la del responsable demandado.
- El año posterior a la firmeza: la tesis de «cinco más uno»
El artículo 74.3 LDC dispone que el plazo se interrumpe cuando una autoridad de competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador relacionado con la acción, y que la interrupción termina un año después de que la resolución sea firme o de que el procedimiento concluya de otro modo. El artículo 10.4 de la Directiva impone la suspensión o, según el Derecho nacional, la interrupción, y garantiza que dure al menos hasta un año después de la firmeza, como recordó la STJUE de 18 de abril de 2024, Heureka Group, C-605/21.
Con esta base se ha sostenido que, aunque el dies a quo se sitúe en la firmeza, el plazo de cinco años solo vuelve a computarse un año después, de modo que en la práctica habría seis años. La objeción de que no puede interrumpirse un plazo que aún no ha empezado obliga a explicar la relación entre el inicio del cómputo y la paralización legal, pero no basta, a nuestro juicio, para privar de efecto a una garantía que el legislador europeo y el español establecieron expresamente.
Ni Nissan Iberia ni la sentencia comentada resuelven la cuestión. Es tan erróneo anunciar que todas las acciones vencen en 2026 como fijar un vencimiento común en 2027. El argumento del año adicional debe invocarse caso por caso y nunca como excusa para demorar la reclamación: la prudencia aconseja actuar dentro del quinquenio contado desde la publicación de la firmeza respecto de cada demandado.
- Interrupción y alcance subjetivo de los actos conservativos
La reclamación judicial, la extrajudicial y el reconocimiento de la deuda interrumpen la prescripción conforme al artículo 1973 CC, y el propio Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta que el Derecho español admite la interrupción por reclamación extrajudicial, conciliación o diligencias preliminares. Debe conservarse prueba del contenido, del destinatario y de la recepción. El artículo 74.4 LDC añade la interrupción por el inicio de un procedimiento de solución extrajudicial, limitada a las partes que participen en él o estén representadas.
La jurisprudencia civil excluye, como regla, la comunicación de la interrupción del artículo 1974.1 CC en la solidaridad impropia, salvo supuestos de conexidad o dependencia. El carácter conjunto del ilícito y la efectividad del artículo 101 TFUE permiten discutir ese criterio, pero la sentencia no dice que reclamar a una marca interrumpa frente a las demás. Lo sensato es dirigir actos conservativos a cada persona jurídica a la que se piense demandar. Si la acción frente a un fabricante prescribió, la acción frente a otro seguirá su propio cómputo; y conservarla frente a uno no garantiza conservarla frente a todos.
VIII. Configuración procesal de la reclamación
- Jurisdicción, competencia y procedimiento
Conocen de estas acciones las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, competentes para las acciones relativas a los artículos 101 y 102 TFUE y 1 y 2 LDC «así como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia». Que el actor sea consumidor no desplaza esa competencia.
En los supuestos internos, el consumidor puede elegir, conforme al artículo 52.3 LEC, entre el tribunal de su domicilio y el que corresponda según los artículos 50 y 51. El ATS (Sala Primera) de 13 de octubre de 2022, lo declaró en este mismo cártel, en una reclamación frente a Honda, separándose del fuero de la competencia desleal aplicado en el de camiones. El comprador empresarial carece de ese fuero. Si hay un elemento transfronterizo, rige el artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012, que, según el Tribunal de Justicia, atribuye directamente la competencia internacional y territorial al tribunal del lugar de compra o, si se compró en varios lugares, al del domicilio social de la empresa perjudicada.
El artículo 249.1.4.º LEC excluye del juicio ordinario las demandas de defensa de la competencia que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, que siguen el cauce que corresponda por la cuantía: el verbal hasta 15.000 euros y el ordinario por encima. La complejidad de la cuantificación no es criterio para elegir el procedimiento. La cuantía se fija conforme a los artículos 251 a 253 LEC, con especial cuidado en las acumulaciones, y no son apelables las sentencias de juicios verbales por razón de la cuantía que no supere tres mil euros (artículo 455.1 LEC).
- Legitimación, postulación y acumulación
Reclama el titular del perjuicio o quien acredite haberle sucedido o haber adquirido el crédito. La titularidad de la marca y la personalidad jurídica de la sociedad demandada deben identificarse por separado, y si se invoca la sucesión empresarial o la unidad económica, sus hechos han de alegarse y probarse.
Abogado y procurador son preceptivos salvo en los juicios verbales por cuantía no superior a 2.000 euros (artículos 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC). La Ley Orgánica 1/2025 ha añadido al artículo 32.5 LEC una regla relevante: si el consumidor, aun sin ser preceptivo, se vale de estos profesionales para demandar tras una reclamación extrajudicial previa, la tasación de costas incluirá la cuenta del procurador y la minuta del abogado, esta sin el límite del artículo 394.3 LEC.
Varios compradores pueden litigar juntos mediante acumulación subjetiva si concurren los requisitos de los artículos 72 y 73 LEC, también en el verbal (artículo 437.5 LEC). El litigio de Pontevedra, que da pie a la sentencia glosada, es un ejemplo. Cada compra y cada daño deben seguir siendo identificables, y la acumulación no convierte el proceso en colectivo. Para la tutela de intereses colectivos o difusos habrá que estar a la legitimación del artículo 11 LEC y al régimen de llamamiento del artículo 15.
- Negociación previa y requisito de procedibilidad
Las demandas presentadas desde el 3 de abril de 2025 exigen, salvo excepción legal, una actividad negociadora previa, que puede desarrollarse directamente entre las partes o entre sus abogados y debe versar sobre el mismo objeto que el litigio posterior. La disposición adicional séptima de esa ley tiene por cumplido el requisito, en los litigios de consumo, con la reclamación extrajudicial previa «a la empresa o profesional con el que hubieran contratado».
Ese inciso plantea un problema en este cártel: el consumidor contrató con un concesionario y la solidaridad le permite demandar a un fabricante de otra marca con el que nunca tuvo relación. No cabe dar por segura la aplicación de la regla especial a un cartelista no contratante. Lo prudente es dirigir a cada futuro demandado una solicitud de negociación conforme al régimen general, que identifique la compra, el daño y el título de responsabilidad.
Los artículos 7, 9 y 10 de la Ley Orgánica 1/2025 regulan los efectos, la confidencialidad y la acreditación de la negociación. La solicitud interrumpe la prescripción desde que consta el intento de comunicación (artículo 7.1); la acreditación del requisito exige, a falta de documento firmado por ambas partes, probar la recepción de la solicitud y el acceso a su contenido íntegro (artículo 10.2); y la demanda debe presentarse dentro del año siguiente a la recepción de la solicitud no atendida o a la terminación sin acuerdo para tener por cumplida la procedibilidad (artículo 7.3). Ese año no sustituye a la prescripción sustantiva: hay que vigilar los dos plazos.
- Preparación probatoria y contenido de la demanda
La demanda debe exponer con orden el título de responsabilidad, la compra, el nexo causal, la vigencia de la acción y el importe. Conviene acompañar la resolución de la CNMC y la sentencia que le dio firmeza respecto del demandado, con su fecha de publicación; los documentos de compra y pago; la pericial, si se aporta; y los justificantes de los actos interruptivos y de la negociación previa. La petición principal y la subsidiaria de estimación judicial han de formularse con la claridad que exige la congruencia.
La pericial, si se opta por ella, se presenta con la demanda. Si no es posible, se anuncia y se aporta cinco días antes de la audiencia previa en el ordinario o, en el verbal, en los treinta días siguientes a la demanda o a la contestación, plazo que el tribunal puede prorrogar cuando la naturaleza de la prueba lo exija y exista causa justificada (artículo 337.1 LEC). Si se obtiene acceso a fuentes de prueba antes del pleito, la demanda debe presentarse en los veinte días siguientes a la terminación de su práctica (artículo 283 bis e).2 LEC), lo que obliga a coordinar esa diligencia con la negociación previa.
En los procesos en curso, la nueva doctrina refuerza los argumentos sobre legitimación y cuantificación, dentro de los límites de modificación de la pretensión. Un cambio jurisprudencial no es, en cambio, motivo de revisión de sentencias firmes ni permite reabrir lo resuelto con fuerza de cosa juzgada.
IX. Conclusiones
Primera. La STS 1645/2026, junto con las SSTS 1644/2026 y 1635/2026, traslada a los infractores buena parte del riesgo derivado de la actuación conjunta y de la opacidad del mercado cartelizado. El perjudicado puede demandar a cualquier partícipe por la totalidad del daño sin repartir antes las contribuciones causales, y la marca del vehículo deja de limitar la legitimación pasiva.
Segunda. La solidaridad impropia exige probar que el demandado participó en la infracción relevante, no cuantificar su cuota, que pertenece al regreso interno. La acción frente a cada responsable conserva su autonomía, también a efectos de prescripción.
Tercera. El 5% es una presunción práctica de daño mínimo indemnizable, no una tarifa: quien pretenda apartarse a la baja debe justificarlo con datos del mercado, y quien sostenga un daño mayor puede probarlo. Sigue siendo, a nuestro juicio, una cifra modesta frente a los sobreprecios medios que documenta la literatura económica. Una evolución jurisprudencial futura debería ponderar su elevación, y sería deseable una intervención más activa de las autoridades de competencia en la cuantificación del daño.
Cuarta. La afirmación de que la Directiva 2014/104/UE no se aplica por el carácter nacional de la autoridad sancionadora no puede generalizarse. Tras Repsol y Nissan Iberia, en este cártel resultan aplicables ratione temporis la eficacia vinculante de la resolución firme y el régimen de prescripción del artículo 10 de la Directiva.
Quinta. La prescripción exige un examen individual: firmeza respecto del demandado, publicación adecuada de la sentencia que la confirió, eventual año adicional del artículo 74.3 LDC y alcance subjetivo de los actos interruptivos. No hay un vencimiento común para todos los afectados.
Sexta. La tutela efectiva depende de una preparación procesal coherente -elección de la persona jurídica responsable, conservación de la acción, negociación previa documentada frente a cada demandado, órgano y procedimiento adecuados- y de una prueba proporcionada a la cuantía. Exigir al consumidor periciales costosas en litigios de escaso importe vacía de contenido económico el derecho al pleno resarcimiento que el Supremo ha querido hacer efectivo.
