Consumo y Unión Europea: 40 años de protección del consumidor español

I, Planteamiento: cuarenta años de Europa en la vida del consumidor español

La incorporación de España a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 y efectiva desde el 1 de enero de 1986, no fue solo una decisión de política exterior ni una operación de integración económica. Fue también un acontecimiento de transformación jurídica interna. En el campo del consumo, aquella entrada significó que el consumidor español dejaba de ser protegido exclusivamente por un mandato constitucional joven y por una ley general nacida al calor de las urgencias democráticas y del clamor social por el drama del envenenamiento masivo derivado del síndrome de la colza, para integrarse en un espacio jurídico supranacional dotado de directivas, reglamentos, principios generales, cooperación administrativa y una jurisdicción capaz de imponer la efectividad de los derechos frente a inercias nacionales.

Una ponencia sobre consumo ante juristas no debe empezar por una mercancía, sino por una persona. El consumidor no es una estadística, ni una categoría residual del contrato, ni el personaje secundario que aparece después del empresario en la escena económica. Es el ciudadano cuando compra, viaja, contrata una hipoteca, descarga una aplicación, pulsa un botón, cree en una promesa publicitaria, reclama una garantía o se pregunta por qué una cláusula de seis líneas ha desplazado a sus espaldas el coste de una operación que nunca negoció. Europa no inventó a ese ciudadano; pero, en estos cuarenta años, lo ha sacado de la esquina de la letra pequeña y lo ha colocado en el centro de una conversación jurídica mayor.

La imagen es sencilla. En 1986 España entró en Europa con una Constitución joven, una Ley General de Consumidores nacida en 1984 y un mercado todavía muy físico: mostrador, factura, garantía de papel, folleto publicitario y contrato rubricado con bolígrafo. Cuarenta años después, el consumidor español compra en una plataforma que ordena la oferta con algoritmos, contrata contenidos digitales, paga con instrumentos invisibles, recibe publicidad personalizada, se enfrenta a reseñas falsas y puede ser perfilado por sistemas que conocen sus preferencias antes de que él mismo las haya reconocido. La pregunta ya no es solo qué se compra, sino quién diseña el entorno de decisión.

El Derecho europeo de consumo ha sido una pedagogía de la desconfianza razonable frente a la apariencia contractual. Ha enseñado que no todo consentimiento escrito es consentimiento comprendido. Que no toda información entregada es información útil. Que no toda firma exonera al predisponente. Que no toda cláusula de un contrato de adhesión merece la reverencia que se prestaba al pacto negociado. Y que, cuando el consumidor está en desventaja estructural, el juez no puede limitarse a contemplar el contrato como quien observa un cuadro colgado en la pared.

España no llegó a Europa como un desierto normativo. El artículo 51 de la Constitución había proclamado ya que los poderes públicos garantizarán la defensa de consumidores y usuarios, protegerán su seguridad, salud e intereses económicos legítimos, promoverán su información y educación y fomentarán sus organizaciones. Esta privilegiada previsión constitucional, tan sólo compartida de modo expreso en los textos constituyentes de dos países de nuestro entorno comunitario —Portugal (artículo 81) y Polonia (artículo 76)— supone la consagración en nuestro ordenamiento jurídico del denominado «principio pro consummatore».

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, fue la primera gran traducción legislativa de ese mandato. Sin embargo, la pertenencia a la Unión introdujo un dato decisivo: el consumo ya no podía concebirse como una cuestión doméstica, sino como una dimensión estructural del mercado interior y de la ciudadanía económica europea.

La tesis de esta conferencia es sencilla en su formulación y profunda en sus consecuencias: Europa ha mejorado la protección del consumidor español en tres planos. Primero, como motor normativo, porque ha impulsado un acervo de normas que atraviesa contratación, información, garantías, crédito, transporte, productos, plataformas, datos, sostenibilidad y remedios colectivos. Segundo, como acelerador jurisprudencial, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha corregido soluciones internas que debilitaban la eficacia de los derechos de consumo. Y tercero, como factor de institucionalización, porque ha obligado a repensar autoridades, sanciones, cooperación transfronteriza, resolución alternativa de conflictos y tutela colectiva.

La europeización de la protección del consumidor tiene una peculiaridad que conviene destacar desde el inicio: no se limita a añadir derechos. Modifica la arquitectura de las relaciones privadas. Allí donde el Derecho civil clásico veía una declaración de voluntad y una apariencia de consentimiento, el Derecho europeo pregunta por la transparencia real, la comprensibilidad económica, la información precontractual y la posición de la parte débil. Allí donde el proceso civil tradicional tendía a esperar la iniciativa de parte, la jurisprudencia europea exige al juez un papel activo cuando se trata de cláusulas abusivas o de remedios necesarios para restaurar la situación de hecho y de Derecho del consumidor.

El itinerario de estos cuarenta años puede leerse también como un paso desde el consumidor abstracto al consumidor situado. En 1986 la preocupación dominante era la seguridad del producto, la información básica y la reacción frente a fraudes visibles. En 2026 el consumidor se encuentra ante algoritmos, rankings opacos, reseñas falsas, contratos digitales evolutivos, productos conectados, créditos de alta complejidad, sostenibilidad como reclamo comercial y plataformas que no son meros intermediarios pasivos. El Derecho europeo ha acompañado esa mutación social y tecnológica.

No cabe, sin embargo, una lectura triunfalista. El avance europeo es real, pero no lineal. El consumidor español está mejor protegido que hace cuarenta años, pero el sistema es más complejo, fragmentado y litigioso. La protección se ha densificado tanto que a veces resulta difícil para el propio ciudadano identificar cuál es su derecho, cuál es el cauce para reclamarlo y qué autoridad debe tutelarlo. La eficacia ya no depende solo de proclamar derechos, sino de diseñar instituciones capaces de hacerlos operativos de modo comprensible, rápido y económico.

La historia del consumo en España durante estos cuarenta años es, además, una historia de diálogo multinivel. Legislador europeo, legislador estatal, comunidades autónomas, autoridades administrativas, jueces nacionales, Tribunal Supremo y Tribunal de Justicia han construido un sistema que opera por capas. Esa construcción no siempre ha sido armónica. En ocasiones, la reacción europea ha sido consecuencia directa de insuficiencias internas. Pero precisamente ahí se encuentra una de las virtudes de la integración: el Derecho de la Unión ha funcionado como un correctivo de efectividad frente a inercias, demoras o soluciones excesivamente formalistas.

La protección europea del consumidor no puede separarse del mercado interior. La Unión no protege al consumidor solo por razones altruistas, aunque exista un fundamento de dignidad y justicia material. Lo protege también porque sin confianza del consumidor no hay mercado interior funcional. El consumidor que no cree en la seguridad del producto, que desconfía de la publicidad, que no entiende las condiciones financieras, que teme contratar en línea o que no puede reclamar eficazmente, retrae su participación en el mercado. La tutela del consumidor es, en ese sentido, una tecnología jurídica de confianza.

Celebrar cuarenta años de España en la Unión exige, por ello, algo más que recordar fechas. Exige preguntarse qué ha recibido el ciudadano español concreto: quien contrata una hipoteca, compra un electrodoméstico conectado, viaja en avión, usa una plataforma, adquiere contenidos digitales, se enfrenta a una cláusula predispuesta, reclama gastos hipotecarios o intenta que una infracción masiva no quede impune. La respuesta es clara: ha recibido un estatuto de derechos más robusto, una jurisprudencia más exigente y una promesa de remedios colectivos que todavía necesita culminar adecuadamente, siendo España el país donde el legislador nacional ha sido tradicionalmente más haragán o rezagado en la transposición de las normas comunitarias —como también sucede por cierto en el caso de las acciones colectivas en el que continúa siendo el único Estado con la asignatura de la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las acciones de representación pendiente—.

La europeización del Derecho de consumo no ha consistido en sustituir el Derecho español por el Derecho europeo, sino en obligar al Derecho español a tomarse en serio la efectividad de los derechos que proclamaba.

II. De la Constitución Española al constitucionalismo europeo del consumidor

La primera clave dogmática es constitucional. El consumidor no aparece en nuestro ordenamiento como un sujeto puramente contractual, sino como destinatario de un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos. El artículo 51 CE no crea por sí solo un catálogo cerrado de acciones individuales, pero sí impone una dirección de política legislativa: seguridad, salud, intereses económicos, información, educación y organización. Esa cláusula constitucional permitió que la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se presentara como una norma de garantía cívica, no como una simple ley sectorial.

El Derecho de la Unión incorporó una arquitectura propia. El artículo 12 TFUE exige tener en cuenta la protección de los consumidores al definir y ejecutar otras políticas de la Unión. El artículo 169 TFUE concreta la competencia de la Unión para contribuir a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse. La Carta de Derechos Fundamentales, en su artículo 38, exige garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en las políticas de la Unión. No es una fórmula retórica. Es una directriz interpretativa que impregna el Derecho derivado y la jurisprudencia.

La consecuencia más importante de esa arquitectura es que la protección del consumidor se convierte en una exigencia transversal. No se agota en la compraventa ni en el contrato de adhesión. Entra en transportes, servicios financieros, plataformas digitales, seguridad de productos, telecomunicaciones, energía, sostenibilidad, datos personales e inteligencia artificial. La política de consumidores deja de estar alojada en una sala menor del Derecho privado para convertirse en una política de integración del mercado interior y de tutela de la confianza ciudadana.

Esta transversalidad explica que los instrumentos jurídicos se multipliquen. En unas ocasiones la Unión actúa mediante directivas de armonización mínima que permiten a los Estados mantener o introducir niveles de protección más altos. En otras, mediante armonización plena, con mayor uniformidad y menor margen nacional. Y, en los últimos años, mediante reglamentos directamente aplicables que buscan evitar la fragmentación de los mercados digitales y reforzar la actuación coordinada de autoridades. Como apunta EBERS, la política de consumo europea ha pasado de la técnica artesanal de directivas sectoriales al diseño de ecosistemas regulatorios completos.

El constitucionalismo europeo del consumidor se caracteriza también por el principio de efectividad. La Unión no se conforma con que el ordenamiento nacional reconozca formalmente derechos. Exige que las reglas procesales y sustantivas nacionales no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de esos derechos. Este principio, que ha sido absolutamente decisivo en materia de cláusulas abusivas, explica la intensidad con que el Tribunal de Justicia ha intervenido en procesos monitorios, ejecuciones hipotecarias, arbitrajes, costas, restitución y preclusión.

La doctrina ha subrayado que el Derecho europeo de consumo ha oscilado entre dos polos: la protección de la parte débil y la construcción del mercado interior. WEATHERILL ha insistido en que el consumo es una política de mercado, pero también una política de justicia material. HOWELLS, TWIGG-FLESNER Y WILHELMSSON han destacado que la modernización del Derecho europeo de consumo exige pensar en vulnerabilidad, información imperfecta y remedios efectivos, no solo en la libertad formal de contratar. Esa doble dimensión explica la riqueza y también la tensión del sistema.

En España, la convergencia entre el artículo 51 CE y los artículos 12 y 169 TFUE ha producido una constitucionalización multinivel. El juez español que aplica una norma de consumo no actúa únicamente como juez civil interno, sino como juez ordinario del Derecho de la Unión —aunque este principio no ha sido siempre fácil de digerir en todas las instancias—. Ello le impone interpretar la normativa sustantiva y procesal nacional de modo compatible con el Tratado, las Directivas, la Carta y los principios de equivalencia y efectividad. La consecuencia práctica ha sido visible en miles de litigios bancarios y contractuales.

La dimensión de derechos humanos tampoco es ajena al consumo. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 1985 las Directrices para la Protección del Consumidor, revisadas en 2015. La doctrina iberoamericana y europea ha conectado la tutela del consumidor con la dignidad, la salud, la seguridad y el acceso a la justicia. TAMBUSSI, LORENZETTI y ALPA, desde tradiciones distintas, coinciden en que el consumidor no es una categoría meramente económica, sino una persona situada frente a estructuras de poder contractual, informativo y tecnológico.

La Carta de Derechos Fundamentales introduce, además, una relación particularmente relevante entre protección del consumidor y tutela judicial efectiva. El artículo 47 de la Carta opera como criterio de interpretación cuando el diseño procesal nacional obstaculiza la defensa de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión. Por eso la protección del consumidor no puede reducirse a un catálogo de derechos materiales, sino que necesita vías de acceso, jueces con potestades de control, acciones colectivas, procedimientos de bajo coste y autoridades capaces de intervenir en mercados transfronterizos.

En este punto conviene advertir una idea central: el Derecho europeo ha desplazado el centro de gravedad desde la mera información hacia la comprensión; desde la mera nulidad hacia la restitución; desde la mera acción individual hacia la reparación colectiva; y desde la mera prohibición formal hacia la efectiva aplicación (el denominado enforcement en términos sajones ampliamente utilizado en los documentos de la UE). El consumidor europeo no es solo quien recibe un documento informativo. Es quien debe poder comprender, decidir, reclamar y ser restituido si el mercado ha fallado. Es el paso de la soledad y constancia del consumidor español de Don R que R, encarnado por Paco Martínez Soria, frente al Banco Universal por sus 257 pesetas frente al acompañamiento y efectividad europea.

III. Los vientos legislativos de Europa

El primer gran viento europeo ha sido legislativo. La Unión ha construido un Derecho de consumo de geometría compleja, con normas de diferente técnica y finalidad. Algunas nacieron para corregir asimetrías clásicas de información y contratación. Otras para disciplinar prácticas comerciales, para ofrecer garantías en bienes y contenidos digitales, para proteger al consumidor en sectores concretos como transporte o crédito. Y, las más recientes, para afrontar mercados en línea, productos conectados, inteligencia artificial y transición ecológica. El resultado es un acervo que ha obligado a España a reformar repetidamente su legislación, desde la Ley de Condiciones Generales hasta el TRLGDCU, la Ley de Competencia Desleal, la normativa financiera y los sistemas de resolución de litigios.

1. Directiva 93/13/CEE: la gran pieza de equilibrio contractual

La Directiva 93/13/CEE es la norma que más profundamente ha alterado la práctica de la contratación seriada en España. Su fórmula central —cláusula no negociada individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa un desequilibrio importante en detrimento del consumidor— permitió superar una visión puramente formal de la adhesión. La recepción española mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación y el TRLGDCU abrió el control de incorporación y el control de contenido. Y la jurisprudencia añadió después el control de transparencia material. La relevancia de esta norma no reside solo en su literalidad, sino en la fuerza expansiva que le ha conferido el Tribunal de Justicia.

Para el consumidor español, la Directiva 93/13 ha supuesto trasladar al predisponente el riesgo jurídico de la oscuridad y del desequilibrio, que, aunque previsto en nuestro añejo artículo 1288, siempre había periclitado por la autonomía de la voluntad de las partes, que, aún inexistente en la contratación en masa, proyectaba su haz de luz cegador sobre nuestros tribunales más convencionales. La contratación bancaria, aseguradora, telefónica, energética o de servicios no puede apoyarse ya en la mera firma del adherente. El profesional debe redactar de modo claro, comprensible y equilibrado. Y el juez debe controlar de oficio. La norma ha generado una intensa litigación, pero también ha producido una pedagogía institucional: el contrato predispuesto no es un territorio inmune a la justicia material.

2. Prácticas comerciales desleales: del contrato al comportamiento de mercado

La Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, desplazó la protección hacia la fase precontractual y hacia el comportamiento del empresario en el mercado. No se protege solo al consumidor que ya ha contratado, sino al consumidor que decide bajo el influjo de publicidad, omisiones, presiones, diseños comerciales, comparaciones o promesas. En España, su incorporación se articuló principalmente mediante la Ley de Competencia Desleal y reformas conexas del TRLGDCU. La noción de consumidor medio, vulnerable a una práctica que altera su comportamiento económico, se convirtió en un eje de análisis jurídico.

La consecuencia práctica es considerable. La tutela del consumidor deja de ser reactiva y contractual para convertirse también en preventiva y concurrencial. El Derecho europeo ha permitido perseguir prácticas engañosas y agresivas, publicidad que induce a error, información esencial omitida y estrategias comerciales que explotan vulnerabilidades. En mercados digitales, esta lógica es imprescindible: rankings, descuentos aparentes, contadores de urgencia, reseñas falsas y presentación de precios no son detalles estéticos, sino elementos que pueden condicionar la decisión de consumo.

3. Directiva 2011/83/UE: información y desistimiento como calidad del consentimiento

La Directiva 2011/83/UE, transpuesta en España por la Ley 3/2014, consolidó un estatuto moderno de información precontractual, contratación a distancia, contratos fuera de establecimiento y derecho de desistimiento. En una sociedad donde la decisión de contratar se adopta muchas veces lejos de un establecimiento físico, con información estandarizada y presión comercial, el derecho de desistimiento de catorce días y las obligaciones de información funcionan como mecanismos de enfriamiento, comprensión y reversibilidad de la decisión.

Para el consumidor español, esta norma ha supuesto poder contratar en línea con mayor seguridad, conocer el precio total, la identidad del empresario, las condiciones de entrega, las garantías, la duración del contrato y los procedimientos de reclamación. También ha reforzado la idea de que la información debe ser previa, clara y disponible. La información tardía, dispersa o escondida en capas contractuales no cumple la misma función. El consentimiento de consumo se protege antes de nacer, no solo después de enfermar.

4. Contenidos y servicios digitales: del bien físico al ecosistema funcional

Las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, incorporadas por el Real Decreto-ley 7/2021, representan uno de los saltos cualitativos más importantes del último ciclo reformador. El consumidor ya no adquiere únicamente cosas materiales. Compra bienes con elementos digitales, contrata contenidos, servicios, actualizaciones, conectividad, interoperabilidad y mantenimiento funcional. La conformidad deja de ser una fotografía tomada en el momento de la entrega para convertirse en una exigencia dinámica durante un periodo de tiempo.

La reforma ha elevado a tres años el plazo general de responsabilidad por falta de conformidad en la compraventa de bienes y ha regulado la puesta en conformidad, actualización, reparación, sustitución, rebaja del precio y resolución. ARROYO AMAYUELAS ha destacado que esta reforma obliga a reinterpretar la compraventa de consumo desde la convergencia entre soporte material y prestación digital.

5. La Directiva Omnibus: transparencia, sanciones y mercados en línea

La Directiva (UE) 2019/2161 , denominada habitualmente Omnibus, moderniza varias normas europeas y refuerza la aplicación del Derecho de consumo. Su recepción española mediante el Real Decreto-ley 24/2021 introdujo novedades relevantes sobre transparencia en mercados en línea, información sobre rankings, reseñas, reducciones de precio y régimen sancionador. El legislador europeo parte de una constatación acertada, cual es que, en la economía digital, la información relevante no es solo el contenido del contrato, sino también la manera en que se ordena, presenta y jerarquiza la oferta.

ELIZALDE IBARBIA ha leído esta Directiva como un paso hacia la estandarización de remedios individuales frente a prácticas comerciales desleales. Para el consumidor español, el cambio se traduce en una expectativa de mayor claridad: saber si quien vende en un mercado actúa como profesional o no, conocer los parámetros principales de clasificación, evitar descuentos ficticios y reducir la manipulación informativa. No se trata solo de más datos, sino de datos relevantes para decidir.

6. Cooperación administrativa: el consumidor en un mercado transfronterizo

El Reglamento (UE) 2017/2394 sobre cooperación entre autoridades nacionales de protección de consumidores responde a la realidad incontestable de que las infracciones de consumo no respetan fronteras. Una plataforma, una campaña digital, una cláusula en contratos transfronterizos o una práctica de venta en línea puede afectar simultáneamente a consumidores de varios Estados miembros. El reglamento crea instrumentos de asistencia mutua, investigación, alerta y coordinación para que la protección no dependa de la casualidad territorial.

El impacto para España es institucional. Las autoridades nacionales y autonómicas de consumo deben actuar en red europea, especialmente frente a operadores digitales, productos inseguros vendidos en línea o prácticas comerciales transfronterizas. Este modelo reduce el viejo problema de la asimetría entre un consumidor local y un empresario global. La cooperación administrativa no sustituye al juez, pero evita que el mercado interior se convierta en un laberinto de competencias que favorezca al infractor.

7. Bloqueo geográfico y mercado interior digital

El Reglamento (UE) 2018/302 contra el bloqueo geográfico injustificado se inserta en la lógica de un mercado interior en línea. Su finalidad es impedir discriminaciones injustificadas por nacionalidad, residencia o lugar de establecimiento del cliente en determinadas transacciones transfronterizas. La norma no crea un derecho absoluto a recibir cualquier producto en cualquier lugar, pero sí limita restricciones de acceso, redireccionamientos no consentidos y condiciones generales discriminatorias en los supuestos cubiertos.

Para el consumidor español, el bloqueo geográfico injustificado era una de las paradojas del mercado interior, pues en la práctica se le permitía circular físicamente, pero era bloqueado digitalmente por la residencia o la tarjeta de pago. Esta regulación aproxima la experiencia digital al ideal de mercado único, aunque subsistan límites sectoriales y logísticos.

8. Reglamento de Servicios Digitales: plataformas bajo deberes de diligencia

El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) no es una norma de consumo en sentido clásico, pero afecta profundamente a la protección del consumidor en línea. Impone obligaciones de diligencia, trazabilidad de comerciantes, mecanismos de notificación, transparencia publicitaria, evaluación de riesgos y obligaciones reforzadas para plataformas de gran tamaño. El consumidor deja de enfrentarse a un entorno donde el intermediario invoca neutralidad absoluta. El DSA obliga a ordenar responsabilidades en el ecosistema digital.

La consecuencia práctica es que los mercados digitales y plataformas ya no pueden ser contemplados únicamente como escaparates. Deben contribuir a impedir la oferta de productos ilegales, mejorar la trazabilidad y ofrecer información comprensible sobre publicidad y recomendación. El consumidor español se beneficia de un marco que conecta consumo, seguridad de producto, servicios digitales y supervisión pública. La protección ya no reside solo en el contrato bilateral, sino en la arquitectura de la intermediación.

9. Seguridad general de productos: del escaparate físico al mercado digital

El Reglamento (UE) 2023/988 moderniza la seguridad general de productos y sustituye la Directiva 2001/95/CE. Su relevancia aumenta con el comercio en línea toda vez que productos inseguros pueden llegar fácilmente al consumidor europeo desde cadenas globales, a través de plataformas y operadores ubicados fuera de la Unión. La norma actualiza obligaciones de operadores económicos, vigilancia, retirada, recuperación, información y canales de comunicación, integrando la realidad de ventas a distancia y mercados digitales.

Para el consumidor español, la seguridad de producto ya no puede depender solo de controles tradicionales en frontera o establecimiento. La compra en línea exige una cadena de responsabilidad más robusta, trazabilidad y mecanismos de reacción rápida. La protección de la salud y seguridad proclamada en el artículo 51 CE encuentra aquí una concreción europea contemporánea: el producto inseguro vendido digitalmente sigue siendo un producto inseguro, aunque llegue por un canal aparentemente desmaterializado.

10. Responsabilidad por productos defectuosos en la década digital

La Directiva (UE) 2024/2853 actualiza el régimen de responsabilidad por productos defectuosos y deroga la Directiva 85/374/CEE. Su importancia doctrinal y tangible para el consumidor es incuestionable toda vez que los productos actuales pueden incorporar software, inteligencia artificial, actualizaciones, conectividad y servicios asociados. El daño ya no proviene siempre de una pieza física defectuosa, sino que puede derivar de vulnerabilidades digitales, defectos de actualización o interacción entre componentes materiales e inmateriales.

El consumidor español se beneficiará de un marco más adaptado al riesgo tecnológico. La actualización de la responsabilidad por productos defectuosos encaja con la seguridad general de productos y con el DSA. El mensaje es que la innovación no puede desplazar el daño hacia el consumidor. Si el producto digitalizado genera un riesgo que se materializa, el Derecho debe contar con reglas de imputación, prueba y reparación adecuadas al siglo XXI.

11. Transición ecológica e impostura ecológica (greenwashing)

La Directiva (UE) 2024/825 modifica la Directiva de prácticas comerciales desleales y la Directiva de derechos de los consumidores para empoderar al consumidor en la transición ecológica. Su objetivo es combatir declaraciones medioambientales genéricas, etiquetas de sostenibilidad no fiables, información insuficiente sobre durabilidad, reparabilidad y obsolescencia, y prácticas que convierten la preocupación ambiental del consumidor en un argumento comercial engañoso.

La novedad es cultural, pero plenamente acertada respecto a la evolución de la conciencia social. El consumidor no solo debe poder elegir entre precio y calidad, sino también entre modelos de consumo sostenibles. Pero para que la elección ecológica sea libre, la información ambiental debe ser fiable. La impostura ecológica o lavado verde (conocido como greenwashing, una vez más por el triunfo de la terminología anglosajona) no es un exceso retórico, sino una práctica de mercado que distorsiona la competencia, perjudica al consumidor y degrada la transición ecológica. La tutela del consumidor se conecta así con sostenibilidad y competencia leal.

12. Derecho a reparar

La Directiva (UE) 2024/1799 promueve la reparación de bienes y busca reducir la sustitución prematura, en un esfuerzo meritorio por la contribución a la sostenibilidad. El Derecho de consumo europeo avanza desde la garantía entendida como remedio posterior hacia una política de durabilidad. Reparar no es solo una opción técnica, sino una decisión jurídica que incide en precio, sostenibilidad, información, acceso a piezas y comportamiento de fabricantes y reparadores.

Para el consumidor español, el derecho a reparar puede convertirse en una herramienta de ahorro y autonomía frente a ciclos de sustitución acelerada. Su efectividad dependerá de transposición, disponibilidad de información, costes razonables, tiempos de reparación y compatibilidad con garantías existentes. La reparación, si se diseña bien, sitúa al consumidor en el centro de una economía más circular.

13. Servicios financieros a distancia y derecho a intervención humana

La Directiva (UE) 2023/2673 modifica la Directiva 2011/83/UE para contratos de servicios financieros celebrados a distancia y deroga la Directiva 2002/65/CE. Introduce reglas más adaptadas a contratación digital, explicaciones adecuadas y, de modo especialmente relevante, el derecho del consumidor a obtener intervención humana en determinados supuestos. La norma reconoce que la digitalización financiera puede mejorar acceso, pero también aumentar opacidad y velocidad de contratación.

En el mercado español, donde la contratación financiera digital convive con consumidores de diferente alfabetización tecnológica, la intervención humana no es una nostalgia analógica, sino una garantía de comprensión. El consumidor no debe quedar atrapado en interfaces o procesos automatizados cuando la operación puede afectar a su economía. El Derecho europeo asume así que la asistencia personal puede ser un elemento de equidad contractual.

14. Crédito al consumo y sobreendeudamiento

La Directiva (UE) 2023/2225 sustituye a la Directiva 2008/48/CE y actualiza el régimen del crédito al consumo. Se ocupa de información, publicidad, evaluación de solvencia, servicios de asesoramiento y nuevas formas de crédito. Su oportunidad es evidente: crédito rápido, contratación en línea, pagos aplazados, tarjetas con crédito revolvente —revolving— y productos de alta fricción económica han mostrado que la aparente facilidad de acceso puede desembocar en sobreendeudamiento.

Para el consumidor español, esta evolución se une a la jurisprudencia nacional sobre usura y transparencia en tarjetas con crédito revolvente, que ha experimentado en los últimos años una notable litigiosidad. La protección financiera del consumidor no se agota en revelar la TAE. Exige comprender la mecánica de amortización, la duración real de la deuda, el coste total y el riesgo de perpetuación del saldo. La Unión Europea promueve un crédito más responsable y una evaluación de solvencia que no sea un trámite meramente formal.

15. Crédito inmobiliario: información precontractual y transparencia material

La Directiva 2014/17/UE y la Ley 5/2019 reforzaron la protección del consumidor en crédito inmobiliario. La contratación hipotecaria es probablemente el ámbito donde más claramente se aprecia la interacción entre legislación europea, legislación nacional y jurisprudencia. Fichas normalizadas, evaluación de solvencia, información precontractual, intervención notarial, distribución de gastos y control de cláusulas han cambiado la cultura de contratación hipotecaria.

El consumidor español ha pasado de firmar préstamos hipotecarios con gran densidad técnica y escasa comprensión efectiva a contar con un estatuto informativo más exigente. Ello no elimina todos los riesgos ni toda litigación, pero mejora el punto de partida. El Derecho europeo ha enseñado que la transparencia no consiste en poner delante del consumidor un documento, sino en permitirle comprender la carga económica y jurídica que asume.

16. Pasajeros aéreos: el consumidor como usuario de servicios de movilidad

El Reglamento 261/2004 sobre compensación y asistencia a pasajeros aéreos y el Reglamento 1107/2006 sobre personas con discapacidad o movilidad reducida muestran que el consumidor europeo no es solo comprador de bienes o servicios. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en esta materia especialmente prolífica, ha interpretado el Reglamento 261/2004 con orientación protectora, extendiendo la compensación a grandes retrasos y precisando el alcance de las circunstancias extraordinarias.

Este sector permite una reflexión más amplia al poner el acento europeo sobre la calidad del servicio, la información, la asistencia, la accesibilidad y la dignidad del pasajero como dimensiones ínsitas del consumo. Los debates actuales sobre espacio mínimo, transparencia del asiento, equipaje, cargos adicionales y atención a pasajeros vulnerables muestran que el Derecho de consumo debe mirar también al cuerpo del consumidor, no solo a su cartera. La experiencia de volar enseña que el mercado interior necesita reglas de trato, no solo reglas de precio.

17. ADR, arbitraje de consumo y rediseño institucional

La Directiva 2013/11/UE y la Ley 7/2017 configuraron un marco de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo. En España, el arbitraje de consumo cuenta con una tradición propia que se remonta a 1993, actualizada por el Real Decreto 713/2024, que deroga el régimen de 2008 y aprueba un nuevo Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo. La finalidad es ofrecer vías especializadas, gratuitas o de bajo coste, más rápidas que el litigio ordinario, que a decir verdad, continúa siendo una alternativa pendiente.

La resolución alternativa no debe verse como justicia menor. Para muchas reclamaciones de consumo, especialmente de cuantía reducida, la existencia de un cauce accesible determina que el derecho sea real o meramente nominal. El reto es asegurar independencia, calidad, cumplimiento y difusión. Sin confianza en el ADR, el consumidor vuelve al dilema clásico: litigar por una cuantía que no compensa o renunciar a su derecho.

18. ODR: una lección sobre tecnología y realidad institucional

El Reglamento 524/2013 creó la plataforma europea de resolución de litigios en línea, pero el Reglamento (UE) 2024/3228 acordó su derogación y la supresión de la plataforma, con cierre efectivo en 2025. La experiencia es valiosa: no toda digitalización institucional garantiza utilidad. La plataforma ODR simbolizaba una aspiración correcta —reclamación transfronteriza en línea—, pero no alcanzó el rendimiento esperado.

La lección para España y la Unión es clara: la tecnología no sustituye al diseño institucional. Un formulario en línea no basta si no hay entidades activas, incentivos adecuados, información al consumidor y resultados ejecutables. La posterior Directiva (UE) 2025/2647, que reforma la Directiva ADR, confirma que Europa no abandona la resolución alternativa sino que la reorienta hacia accesibilidad, simplificación y capacidad real de resolver disputas nacionales y transfronterizas.

19. Acciones de representación: de la cesación a la reparación colectiva

La Directiva (UE) 2020/1828 constituye una de las reformas más relevantes para pasar del derecho reconocido al derecho efectivo. Su objetivo es que todos los Estados miembros dispongan de al menos un mecanismo procesal efectivo y eficiente de acciones de representación para obtener medidas de cesación y medidas resarcitorias. Frente al modelo anterior, centrado en acciones de cesación, la novedad reside en incorporar reparación colectiva: indemnización, reembolso, reparación, sustitución, reducción del precio o resolución, según proceda.

En España, la transposición material se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, siendo el único Estado de la Unión Europea pendiente de cumplimiento de dicho proceso. La futura regulación deberá resolver legitimación, opt-in/opt-out, financiación, publicidad, acuerdos homologados, cosa juzgada, ejecución y coordinación con acciones individuales. La experiencia comparada muestra que, sin recursos para las entidades habilitadas, la acción colectiva puede quedar infrautilizada.

20. Inteligencia artificial y nuevas asimetrías

El Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial no es un código de consumo, pero incide en la protección de consumidores cuando algoritmos, sistemas de recomendación, evaluación de solvencia, precios dinámicos o decisiones automatizadas afectan a la oferta, contratación o acceso a servicios. La nueva economía de consumo no siempre lesiona ya mediante una cláusula visible, sino que puede hacerlo mediante un modelo opaco de clasificación, segmentación o personalización.

El consumidor español necesitará garantías de transparencia, trazabilidad, no discriminación y control humano. Las lesiones algorítmicas suelen ser homogéneas, masivas y difíciles de probar individualmente. Por eso la inteligencia artificial refuerza la necesidad de acciones colectivas, acceso a pruebas, auditorías y autoridades capaces de comprender sistemas técnicos. El Derecho de consumo del futuro será inseparable del Derecho de datos, plataformas e inteligencia artificial.

III. Los vientos jurisprudenciales: el Tribunal de Justicia como acelerador

Si la legislación europea ha sido el viento constante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido, en muchos momentos, el vendaval que cambia el rumbo del barco. El Derecho español de consumo no puede entenderse sin las cuestiones prejudiciales planteadas por jueces españoles y sin las respuestas del Tribunal de Justicia. En materia de cláusulas abusivas, España ha sido laboratorio, destinataria y catalizadora de una doctrina europea que ha reconfigurado el contrato, el proceso y la restitución. El sector financiero ha sido el principal cliente del TJUE, lo que evidencia, a su vez, el arraigado desequilibrio que pesaba sobre los consumidores nacionales.

Océano Grupo Editorial

El Tribunal de Justicia abrió la puerta al control judicial de oficio de las cláusulas abusivas. En un litigio relativo a cláusulas de sumisión territorial predispuestas, afirmó que la protección conferida por la Directiva 93/13 se funda en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad frente al profesional. El juez no debía permanecer indiferente ante una cláusula potencialmente abusiva solo porque el consumidor no hubiera articulado una defensa técnicamente perfecta.

En España, Océano inició una cultura judicial que tardaría en consolidarse, pero que acabó modificando la función del juez civil. El proceso de consumo dejó de ser una pura contienda de habilidad procesal y la ponderación de la asimetría entre las partes significó el comienzo de una nueva etapa en las relaciones de consumo.

Mostaza Claro

La sentencia Mostaza Claro reforzó el carácter de orden público de la protección frente a cláusulas abusivas. El Tribunal de Justicia sostuvo que la Directiva 93/13 exige que el juez pueda apreciar la abusividad de una cláusula arbitral incluso cuando el consumidor no la haya alegado oportunamente durante el procedimiento arbitral.

La relevancia española fue notable. La sentencia impidió que la inactividad o desconocimiento del consumidor convirtiera la cláusula abusiva en un obstáculo infranqueable.

Pannon GSM

Pannon transformó la facultad de control de oficio en un deber funcional del juez nacional, siempre que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios. El consumidor debe poder oponerse a la inaplicación de la cláusula si, informado, prefiere mantenerla, pero el juez no puede ignorar su carácter abusivo.

La sentencia consolidó una idea esencial: el control judicial de oficio no es paternalismo, sino técnica de efectividad. En España, aunque con una costosa penetración, esta doctrina se proyectó sobre monitorios, ejecuciones y litigios bancarios, obligando a órganos judiciales a examinar cláusulas predispuestas aun cuando el consumidor no articulara una defensa completa.

Asturcom

Asturcom analizó los límites del control judicial de oficio frente a un laudo arbitral firme. El Tribunal mantuvo el respeto a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, pero subrayó que cuando el Derecho interno permita al juez examinar de oficio normas de orden público, debe hacer lo propio con la Directiva 93/13.

La enseñanza para el consumidor español fue compleja: la efectividad no elimina todo límite procesal, pero exige aplicar los mecanismos internos con equivalencia. Si el ordenamiento nacional protege de oficio ciertos intereses públicos, no puede tratar peor la tutela europea del consumidor.

Banco Español de Crédito

En Banco Español de Crédito, el Tribunal de Justicia declaró contrario a la Directiva 93/13 un sistema que impedía al juez del proceso monitorio examinar de oficio cláusulas abusivas antes de despachar ejecución. Además, rechazó la moderación judicial de una cláusula abusiva, concluyendo que su nulidad debe suponer su inaplicación, salvo supuestos excepcionales de integración para evitar consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor.

La sentencia tuvo un enorme impacto en España. Rompió la idea de que el juez podía simplemente moderar intereses abusivos y mantuvo la función disuasoria de la nulidad. Si el predisponente supiera que el juez corregirá la cláusula hasta un punto razonable, no tendría incentivo suficiente para abstenerse de imponerla.

Aziz

Aziz es una de las sentencias más decisivas para el Derecho español. El Tribunal examinó el régimen de ejecución hipotecaria y concluyó que el sistema no garantizaba una tutela efectiva cuando el consumidor no podía obtener una suspensión útil frente a cláusulas abusivas vinculadas al título ejecutivo.

La sentencia obligó a una profunda revisión de la ejecución hipotecaria y mostró que el Derecho procesal no es neutral cuando impide hacer valer derechos de consumo. Aziz convirtió el principio de efectividad en una fuerza de reforma procesal. La defensa del consumidor dejó de ser solo derecho material y pasó a exigir cauces procesales capaces de evitar daños irreversibles.

Kásler

Kásler desarrolló la transparencia material respecto de cláusulas que definen el objeto principal del contrato. Determinó que la exigencia de redacción clara y comprensible no se limita a inteligibilidad gramatical, sino que el consumidor debe poder comprender las consecuencias económicas de la cláusula. También delimitó la posibilidad de sustituir cláusulas nulas por disposiciones supletorias cuando la anulación total del contrato perjudicaría al consumidor. La transparencia dejó de ser una prueba de lectura para convertirse en una prueba de inteligibilidad económica.

Gutiérrez Naranjo

Gutiérrez Naranjo declaró incompatible con la Directiva 93/13 la limitación temporal de los efectos restitutorios de la nulidad de cláusulas suelo. Si una cláusula abusiva se tiene por no puesta, el consumidor debe ser restituido íntegramente, sin que una jurisprudencia nacional pueda limitar en el tiempo esa restitución por razones de seguridad económica.

La sentencia tuvo un impacto social y financiero muy relevante en España, significando al mismo tiempo un profundo revés a la doctrina del TS. Reafirmó que la nulidad por abusividad tiene un efecto restaurador intenso. La protección del consumidor no se satisface declarando la cláusula nula si se le impide recuperar lo indebidamente pagado.

Andriciuc

Andriciuc profundizó en contratos de préstamo denominados en moneda extranjera. El Tribunal insistió en que el consumidor debe poder evaluar las consecuencias económicas potencialmente significativas de una cláusula de tipo de cambio. El riesgo de fluctuación no puede quedar oculto tras una redacción formalmente inteligible.

La doctrina fue especialmente útil para contratos complejos, multidivisa y productos financieros. En España reforzó la idea de que la transparencia no se limita a explicar un mecanismo, sino a advertir de su impacto económico razonablemente previsible para un consumidor medio.

Abanca y Bankia

En Abanca y Bankia , el TJUE abordó la trascendental cuestión del vencimiento anticipado, admitiendo, con cautelas, la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición legal supletoria cuando la nulidad total del contrato pudiera perjudicar especialmente al consumidor. La sentencia intentó equilibrar disuasión, subsistencia contractual y protección real del deudor.

La recepción española fue compleja, pero mostró que la jurisprudencia europea no es una máquina de nulidad automática, sino un sistema teleológico: la cláusula abusiva no vincula, pero el remedio debe preservar la efectividad protectora y evitar que el consumidor quede peor por la declaración de nulidad.

Gómez del Moral Guasch

Gómez del Moral Guasch declaró que el carácter oficial del IRPH no excluye el control de transparencia de la cláusula que lo incorpora al contrato. La transparencia debe permitir al consumidor comprender el funcionamiento del índice y valorar sus consecuencias económicas.

En España, la sentencia reabrió un intenso debate, aún no cerrado, sobre IRPH. El Tribunal Supremo gestionó la recepción con cautela, entendiendo que la falta de transparencia no implicaba automáticamente abusividad y frustrando las expectativas de miles de consumidores. El caso ilustra el diálogo, a veces tenso, entre TJUE y jurisprudencia nacional.

Caixabank y BBVA

La STJUE de 16 de julio de 2020 abordó, entre otros aspectos, gastos hipotecarios, comisión de apertura, prescripción y costas. En materia de costas, subrayó que un régimen nacional no puede disuadir al consumidor de ejercitar los derechos conferidos por la Directiva 93/13.

La sentencia conectó restitución y economía procesal. Para el consumidor español, ganar un pleito y soportar una parte de costes podía vaciar la utilidad de la tutela. La efectividad exige que el coste de reclamar no haga irracional el ejercicio del derecho.

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas reforzó la interpretación amplia de la transparencia en préstamos en divisas y la exigencia de que el consumidor pueda comprender riesgos económicos significativos. También incidió en la carga de la prueba y en la necesidad de que los plazos o exigencias probatorias no vacíen el remedio.

El mensaje es extensible al mercado español: cuando el producto es complejo, el profesional no cumple con entregar documentos extensos. Debe proporcionar información clara, suficiente y comprensible sobre riesgos relevantes, de modo que el consumidor pueda decidir sin una asimetría insuperable.

Ibercaja Banco

Ibercaja limitó la eficacia de la preclusión y de la cosa juzgada interna cuando impiden un control efectivo de cláusulas abusivas en ejecución hipotecaria. El Tribunal insistió en que el consumidor debe disponer de una oportunidad real para que se examine la abusividad.

La sentencia fue decisiva para ejecuciones en curso y para la concepción española de la cosa juzgada en consumo. Sin negar la seguridad jurídica, el Tribunal impide que un control meramente aparente cierre definitivamente la puerta a la protección que exige la Directiva.

Unicaja Banco

Unicaja Banco abordó límites del principio de congruencia y de la prohibición de reformatio in peius en relación con la restitución derivada de cláusulas abusivas. El Tribunal afirmó que las reglas procesales nacionales no pueden impedir que el consumidor obtenga la totalidad de cantidades indebidamente pagadas cuando el juez dispone de elementos para ello.

El caso muestra cómo la efectividad europea obliga a repensar incluso principios procesales clásicos. La finalidad no es desordenar el proceso, sino impedir que la técnica procesal prive al consumidor del efecto restitutorio que corresponde a la nulidad de una cláusula abusiva.

Sentencias de 2024 sobre prescripción de gastos hipotecarios

En 2024 el Tribunal de Justicia volvió sobre el inicio del plazo de prescripción de la acción restitutoria derivada de cláusulas de gastos hipotecarios. Las sentencias de 25 de enero y 25 de abril de 2024 afirmaron que los plazos son admisibles si respetan equivalencia y efectividad, pero su inicio no puede fijarse de modo que el consumidor carezca de conocimiento o posibilidad razonable de ejercicio efectivo.

La STS 857/2024 asumió el criterio europeo y fijó una solución favorable a la efectividad de la restitución: salvo prueba de conocimiento anterior por la entidad, el dies a quo se conecta con la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula de gastos. Se trata de un ejemplo reciente de diálogo judicial multinivel.

V. Del derecho reconocido al derecho efectivo: ADR y acciones colectivas

La gran pregunta de la protección del consumidor no es ya si existen derechos, sino si pueden ejercerse. La Unión Europea ha comprendido que la efectividad exige instrumentos públicos, privados, judiciales y extrajudiciales. El consumidor individual suele enfrentarse a cuantías bajas, dificultades probatorias, desconocimiento técnico y una racionalidad económica que le invita a no reclamar. El profesional infractor, en cambio, puede beneficiarse de miles de pequeñas renuncias. La efectividad consiste en romper esa ecuación.

El Reglamento CPC 2017/2394 es una pieza clave en el proceso de efectiva aplicación. Permite la cooperación entre autoridades, investigaciones coordinadas, requerimientos de información y actuación frente a infracciones transfronterizas. Su lógica es complementaria al litigio individual: cuando la infracción es masiva o afecta a varios Estados, la respuesta no puede depender de reclamaciones aisladas. Europa ha obligado a las autoridades de consumo a trabajar en red, lo que resulta esencial en plataformas, comercio electrónico y productos inseguros.

El régimen sancionador español ha sido reforzado por el Real Decreto-ley 24/2021. La Directiva Omnibus exige sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, especialmente para infracciones generalizadas o con dimensión de la Unión. La sanción administrativa no repara por sí sola al consumidor, pero desincentiva conductas y corrige modelos de negocio basados en incumplimientos rentables. La protección pública no sustituye a la acción civil, estando llamadas ambas a dialogar.

La resolución alternativa de litigios ocupa un espacio decisivo entre administración y justicia ordinaria. La Directiva 2013/11/UE y la Ley 7/2017 procuran que el consumidor tenga acceso a entidades ADR independientes, imparciales, transparentes, eficaces, rápidas y justas. El arbitraje de consumo español, renovado por el Real Decreto 713/2024, puede ser un instrumento de enorme valor si conserva gratuidad, especialización y confianza. La clave es que el consumidor no perciba el cauce extrajudicial como una segunda categoría de tutela y se incentive a las empresas a su adhesión.

La clausura de la plataforma ODR europea es una advertencia institucional. Europa apostó por un cauce digital de reclamaciones transfronterizas, pero su uso y resultados no justificaron su mantenimiento. El Reglamento 2024/3228 derogó el Reglamento 524/2013 y cerró la plataforma en 2025. La reforma posterior del ADR, mediante la Directiva (UE) 2025/2647, conserva la idea de resolución alternativa, pero con un enfoque más pragmático. La tecnología debe servir al remedio, no reemplazarlo.

Las acciones de representación son la pieza que puede cambiar estructuralmente la tutela colectiva. Durante años, España contó con acciones de cesación y mecanismos dispersos, pero la reparación colectiva seguía siendo débil. La Directiva 2020/1828 reconoce que las infracciones masivas requieren medidas de cesación y medidas resarcitorias. La devolución de cantidades, la reducción del precio, la sustitución, la reparación o la resolución no pueden depender siempre de miles de pleitos individuales.

La doctrina procesal ha identificado razones clásicas para la acción colectiva: economía judicial, protección social de intereses generales, evitación de resoluciones contradictorias, distribución equitativa de indemnizaciones y corrección del desequilibrio entre consumidor individual y gran empresa. La transposición española pendiente deberá resolver una cuestión nuclear: el modelo de participación. El opt-in exige adhesión expresa y respeta con claridad la autonomía individual, pero en daños de baja cuantía produce infraparticipación. El opt-out incluye por defecto a los afectados salvo exclusión, aumenta eficacia y disuasión, pero exige publicidad intensa, representación adecuada y garantías de exclusión. Un sistema mixto, con opt-out para reclamaciones homogéneas de cuantía reducida y opt-in para daños elevados o heterogéneos, puede equilibrar efectividad y autonomía.

La financiación es otro punto crítico. Sin recursos, las entidades habilitadas difícilmente podrán litigar contra grandes corporaciones en pleitos que exigen periciales, tecnología, difusión pública y gestión de miles de afectados. Pero la financiación por terceros puede generar conflictos de interés si el financiador controla estrategia o acuerdo. La Directiva exige transparencia y control. España debe evitar dos extremos: un sistema sin financiación que no se usa, y un sistema capturado por intereses especulativos que desplace al consumidor del centro de la acción.

La publicidad de las acciones colectivas no es un trámite, sino una condición de legitimidad. Si el consumidor debe adherirse o excluirse, necesita conocer la existencia del proceso, su objeto, consecuencias y plazos. La publicidad no puede reducirse a edictos invisibles. Debe utilizar medios digitales, comunicaciones individualizadas cuando sean posibles, registros públicos y colaboración del empresario demandado cuando disponga de bases de datos de clientes afectados. Sin comunicación eficaz, la acción colectiva se convierte en un proceso sobre ausentes no informados.

La ejecución es el momento decisivo. Obtener una sentencia colectiva sin un sistema de distribución de indemnizaciones puede frustrar la finalidad protectora. La norma debe prever identificación de beneficiarios, criterios de cuantificación, formularios sencillos, plazos razonables, órganos de liquidación, destino de remanentes y control judicial. Si el dinero no llega a los consumidores, la acción de representación se queda en una victoria simbólica. Si los remanentes revierten al infractor, se desactiva la disuasión.

El acuerdo transaccional homologado puede ser útil, pero debe someterse a control estricto de equidad. La experiencia comparada muestra que los acuerdos colectivos pueden resolver rápido y con eficiencia, pero también pueden sacrificar derechos de consumidores ausentes si la representación o la financiación no son adecuadas. La Directiva permite a los Estados regular la aceptación o rechazo de acuerdos por consumidores. España debe diseñar una homologación judicial activa, no meramente notarial.

La interacción con procesos individuales es delicada. Si una acción colectiva está en curso, los litigios individuales pueden producir sentencias contradictorias, gastos duplicados y desigualdad entre afectados. Pero suspender indiscriminadamente acciones individuales puede perjudicar a consumidores que desean litigar por su cuenta. La solución exige coordinación: información recíproca, posibilidad de exclusión, efectos claros de la sentencia colectiva y reglas de litispendencia o prejudicialidad adaptadas al consumo masivo.

La Directiva 2020/1828 tiene además una dimensión europea: las acciones transfronterizas y el reconocimiento de entidades cualificadas. En un mercado interior, una práctica lesiva puede afectar a consumidores de varios Estados. Por ello se prevé que entidades cualificadas designadas puedan actuar fuera de su Estado. La tutela colectiva se convierte así en una herramienta de integración del mercado, no solo de protección nacional.

El proyecto español de 2025, al estar todavía en tramitación, ofrece una oportunidad. La oportunidad no es simplemente cumplir tarde con la Directiva, sino construir un régimen robusto, técnicamente claro y útil para la práctica forense. España tiene experiencia en litigación bancaria masiva, conoce los riesgos de juzgados saturados, respuestas contradictorias y soluciones individuales repetidas. Esa experiencia debe convertirse en diseño institucional, no en resignación.

VI. Impacto práctico para el consumidor y usuario español

El primer impacto práctico ha sido la mejora de la información precontractual. Hoy el consumidor español recibe, o debiera recibir, información sobre identidad del empresario, características del bien o servicio, precio total, gastos, duración, desistimiento, garantías, procedimientos de reclamación y, en determinados sectores, riesgos específicos. La información no es un adorno formal sino un presupuesto de libertad contractual. Pero la experiencia europea ha enseñado también que la información excesiva, dispersa o ininteligible puede ser tan inútil como la falta de información.

El segundo impacto es la transparencia material. La evolución desde OCÉANO hasta KÁSLER, GUTIÉRREZ NARANJO y la jurisprudencia española sobre cláusulas suelo ha enseñado que no basta con leer una cláusula. El consumidor debe comprender su carga económica. Esta doctrina ha cambiado la práctica bancaria y contractual. Las entidades ya no pueden confiar en que una cláusula predispuesta sobreviva porque está impresa, firmada o incorporada a una escritura pública.

El tercer impacto es la restitución. La nulidad de una cláusula abusiva no puede quedarse en una declaración meramente ornamental. Debe restaurar la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula. GUTIÉRREZ NARANJO es la gran expresión de esta idea. La devolución de cantidades indebidamente cobradas no es una concesión, sino una consecuencia necesaria de la ineficacia de la cláusula abusiva.

El cuarto impacto es procesal. El juez español ha visto transformada su función. En materia de cláusulas abusivas debe controlar de oficio cuando disponga de elementos, no puede moderar la cláusula abusiva sustituyéndola por una cláusula razonable y debe evitar que preclusiones, costas o reglas de ejecución vacíen la tutela. El consumidor ha ganado un juez más activo.

El quinto impacto se aprecia en la contratación a distancia. El consumidor que compra por internet dispone de reglas sobre información, desistimiento, confirmación, pagos adicionales, entrega y garantías. Esto ha sido decisivo para normalizar el comercio electrónico. Sin estas reglas, la confianza en el mercado digital se debilitaría y el consumidor asumiría riesgos que no puede gestionar individualmente frente a operadores transfronterizos.

El sexto impacto es la garantía de conformidad en bienes, contenidos y servicios digitales. El consumidor de 2026 no compra solo un dispositivo, sino un ecosistema de funcionamiento: actualizaciones, compatibilidad, seguridad, interoperabilidad y prestaciones evolutivas. El Real Decreto-ley 7/2021 ha incorporado remedios que responden a esa realidad. El derecho de garantías ya no mira únicamente al defecto físico, sino que se orienta también a su conexión al software y al servicio continuo.

El séptimo impacto afecta a los mercados en línea. El consumidor español debe poder saber quién vende, por qué aparece primero un resultado, si una reseña es fiable, si un descuento es real y si el oferente actúa como profesional. Las normas Omnibus, DSA y de seguridad general de productos convergen para que las plataformas dejen de ser zonas de baja intensidad protectora. La interfaz digital se convierte en objeto jurídico.

El octavo impacto se observa en la seguridad de productos. La compra global y digital exige mecanismos de retirada, recuperación, alerta, trazabilidad y vigilancia. El consumidor no puede verificar individualmente la seguridad eléctrica, química, mecánica o digital de cada producto. La protección europea opera antes del daño, mediante obligaciones de operadores y supervisión pública; y después del daño, mediante responsabilidad por productos defectuosos.

El noveno impacto se refiere al crédito. La Unión ha reforzado información, evaluación de solvencia y transparencia en crédito al consumo e inmobiliario. La jurisprudencia española sobre revolving, gastos hipotecarios e IRPH se inserta en un ecosistema europeo que exige comprensión y proporcionalidad. El consumidor financiero ha sido, quizá, el gran protagonista de la europeización jurisprudencial española.

El décimo impacto se proyecta sobre los pasajeros. El usuario de transporte aéreo ha recibido derechos de compensación, asistencia, información y no discriminación. La jurisprudencia STURGEON y NELSON extendió la compensación a grandes retrasos, reforzando la finalidad protectora. El pasajero no es un mero ocupante de una plaza sino un consumidor de un servicio esencial de movilidad sometido a estándares europeos.

El undécimo impacto es la protección de consumidores vulnerables. La Unión y el Derecho español han ido reconociendo que no todos los consumidores tienen las mismas capacidades, recursos o posición. Edad, discapacidad, brecha digital, dependencia económica, urgencia, enfermedad o desconocimiento pueden aumentar la exposición al abuso. La protección moderna debe atender esa vulnerabilidad sin convertirla en etiqueta estigmatizante.

El duodécimo impacto es la sostenibilidad. Las nuevas normas sobre transición ecológica y derecho a reparar permitirán, si se transponen con ambición, que el consumidor español tome decisiones basadas en información ambiental fiable, durabilidad y reparabilidad. La protección del consumidor se alía con la protección del planeta. Elegir un producto reparable o una oferta realmente sostenible solo es posible si las afirmaciones comerciales son verificables.

El decimotercer impacto es la aparición de remedios extrajudiciales más estructurados. ADR, arbitraje de consumo y mecanismos de cooperación administrativa ofrecen caminos distintos al pleito individual. Su eficacia depende de conocimiento público, confianza, independencia y cumplimiento. Un consumidor que no sabe que puede acudir a un sistema ADR no tiene un remedio; tiene una posibilidad invisible.

El decimocuarto impacto, todavía incompleto, será la reparación colectiva. La Directiva 2020/1828 promete superar el modelo por el cual cada consumidor debe litigar aisladamente tras una declaración general de nulidad. Si España implementa un sistema eficaz, el consumidor se beneficiará de una tutela escalable. Si lo implementa con restricciones excesivas, publicidad débil o entidades sin recursos, el avance será más formal que real.

El decimoquinto impacto es cultural. Hoy el consumidor español sabe que una cláusula puede ser nula, que un retraso aéreo puede generar compensación, que una reseña falsa puede ser ilícita, que un bien digital debe actualizarse, que la impostura ecológica es combatible y que un banco puede estar obligado a restituir cantidades. La europeización ha producido conciencia de derechos. Esa conciencia, aunque a veces se manifieste en litigación masiva, es también madurez democrática.

VII. Límites, costes y desafíos de la europeización

Toda mejora jurídica tiene costes de sistema.

El primer coste de la europeización es la dispersión normativa. El consumidor español está protegido por Constitución, TRLGDCU, Ley de Condiciones Generales, Ley de Competencia Desleal, legislación sectorial, directivas, reglamentos, normas autonómicas y jurisprudencia multinivel. Un crisol normativo de más de 500 disposiciones normativas, multiplicadas exponencialmente a su vez por el efecto transversal del Derecho del Consumo, difícil de digerir. Esta riqueza puede convertirse en laberinto. Una protección que nadie comprende corre el riesgo de ser infrautilizada.

El segundo coste es la mal denominada litigación masiva. Las cláusulas suelo, gastos hipotecarios, IRPH, revolving, procesos de cartelización y otros conflictos han saturado juzgados y generado respuestas dispares. La litigación masiva demuestra que los derechos existen, pero también que el sistema carecía de instrumentos colectivos eficaces. Un modelo que necesita cientos de miles de pleitos individuales para corregir una práctica homogénea revela una patología institucional.

El tercer coste es la transposición tardía o fragmentaria. España ha incorporado muchas normas europeas mediante reales decretos-leyes extensos, reformas parciales o acumulación de materias heterogéneas. Esta técnica resuelve urgencias, pero dificulta la sistematicidad. El Derecho de consumo necesita una ordenación más clara, especialmente tras las reformas digitales, de sostenibilidad, crédito, responsabilidad por productos y acciones colectivas.

El cuarto reto es el de la efectiva aplicación. Proclamar derechos sin autoridades suficientes, sanciones disuasorias y cooperación efectiva produce frustración. La protección europea exige que la administración de consumo disponga de medios tecnológicos, jurídicos y económicos para supervisar mercados digitales, productos importados, plataformas globales y prácticas transfronterizas. De lo contrario, la infracción rentable seguirá encontrando espacios de oportunidad.

El quinto reto es la vulnerabilidad. La transición digital puede excluir a personas mayores, consumidores con discapacidad, personas con bajo nivel de alfabetización financiera o digital y ciudadanos en situación económica precaria. La Unión empieza a asumirlo, pero la protección debe materializarse en canales presenciales, lenguaje claro, intervención humana y procedimientos accesibles. La digitalización de la tutela no puede convertirse en una nueva barrera.

El sexto reto es la prueba. Muchas infracciones modernas son opacas: algoritmos que segmentan precios, recomendaciones que priorizan productos por intereses comerciales, reseñas manipuladas, publicidad personalizada, cláusulas dinámicas, actualizaciones defectuosas o impostura ecológica. El consumidor individual no puede probar fácilmente el funcionamiento interno de esos sistemas. La acción colectiva, las diligencias de exhibición, las auditorías y los poderes de autoridades serán esenciales.

El séptimo reto es la coordinación entre consumo y datos personales. Muchas prácticas de consumo se apoyan en tratamiento de datos: personalización de ofertas, perfiles, decisiones automatizadas, publicidad comportamental y diseño de interfaces. El Reglamento General de Protección de Datos y el Derecho de consumo deben dialogar. El consumidor no vive su experiencia separando contrato, privacidad y plataforma y el Derecho tampoco debería responder con compartimentos estancos.

El octavo reto es la sostenibilidad verificable. La transición verde abre un campo fértil para el abuso semántico: natural, verde, neutro, sostenible, responsable. La Directiva 2024/825 es un paso, pero su eficacia dependerá de pruebas, estándares, autoridades y sanciones. La sostenibilidad no puede convertirse en una nueva letra pequeña ecológica. El consumidor debe poder distinguir compromiso real de estrategia de marketing.

El noveno reto es la reparación efectiva. Un consumidor puede obtener una sentencia favorable y, sin embargo, no recuperar plenamente su dinero si los plazos, costas, ejecución o liquidación dificultan el resultado. La jurisprudencia europea sobre restitución, costas y prescripción muestra que la efectividad se juega en detalles procesales. La técnica importa. Un inciso en una ley procesal puede decidir si un derecho europeo vive o muere.

El décimo reto es preservar seguridad jurídica sin vaciar la protección. El Derecho europeo no autoriza a desconocer todo límite procesal ni a sacrificar indefinidamente la cosa juzgada. Pero tampoco permite que la seguridad jurídica se invoque para blindar controles aparentes o impedir la restitución. El equilibrio entre estabilidad y justicia material es una de las tareas más delicadas del juez nacional en consumo.

El undécimo reto es el lenguaje. El Derecho de consumo se ha vuelto técnicamente sofisticado, pero el consumidor necesita entender sus derechos. Las administraciones, jueces, asociaciones y profesionales jurídicos deben traducir complejidad en claridad sin perder rigor. Una conferencia jurídica, como esta, debe ser doctrinal, pero también motivadora: el Derecho de consumo solo cumple su función cuando puede ser comprendido por quienes lo necesitan.

El duodécimo reto es la próxima agenda europea. La Comisión adoptó en 2025 la Agenda del Consumidor 2030, que sucede al ciclo 2020-2025. Esto confirma que la política de consumidores no es una etapa concluida, sino una estrategia permanente. La década 2025-2030 estará marcada por transición digital, sostenibilidad, vulnerabilidad, efectiva implementación de objetivos y resiliencia. España debe participar activamente en esa agenda, no limitarse a transponer tarde.

VIII. Propuestas para la próxima década

Primera propuesta: ordenar sistemáticamente el Derecho español de consumo. No se trata necesariamente de codificar en sentido clásico, pero sí de ofrecer una arquitectura más clara del TRLGDCU, coordinada con Ley de Competencia Desleal, Ley de Condiciones Generales, normativa financiera, ADR, sanciones y acciones colectivas. La dispersión normativa no solo incomoda al jurista sino que perjudica al consumidor y al empresario cumplidor.

Segunda propuesta: culminar con rigor la transposición de la Directiva 2020/1828. España debe aprobar sin mayor dilación un régimen de acciones de representación que no se limite a cumplir formalmente. Debe prever financiación real, publicidad eficaz, modelo de participación equilibrado, ejecución sencilla, control de acuerdos, coordinación procesal y juzgados especializados o al menos dotados de formación y medios. La acción colectiva no debe convertirse en una promesa incumplida.

Tercera propuesta: crear un sistema público de apoyo a la litigación colectiva de consumo. Un fondo para acciones colectivas, inspirado en experiencias comparadas, podría financiar periciales, difusión, tecnología y gestión de afectados, bajo criterios de impacto social, viabilidad jurídica e independencia. Sin recursos, las entidades habilitadas quedan en inferioridad estructural frente a grandes operadores.

Cuarta propuesta: fortalecer las autoridades de consumo en mercados digitales. La supervisión de plataformas, productos inseguros en línea, reseñas falsas, descuentos ficticios, impostura ecológica y algoritmos exige capacidades técnicas. No basta con inspectores jurídicos tradicionales, sino que hacen falta perfiles tecnológicos, cooperación con autoridades de protección de datos, competencia, seguridad de producto y organismos europeos.

Quinta propuesta: reforzar el principio de lenguaje claro. Las obligaciones de información deben evaluarse por su comprensibilidad, no por su extensión. La información precontractual debería diseñarse con formatos comparables, capas claras y advertencias de impacto económico. En crédito, seguros, servicios digitales y sostenibilidad, el consumidor necesita comprender las consecuencias relevantes, no acumular documentos que nadie lee. Debemos hacer efectivos los principios de claridad, concreción y sencillez, consagrados en el TRLGDCU y LCCG.

Sexta propuesta: integrar consumo y vulnerabilidad. La protección de consumidores vulnerables debe traducirse en canales de reclamación adaptados, atención presencial, asistencia telefónica, intervención humana en contratos financieros digitales, protección frente a prácticas agresivas y diseños de interfaz manipuladores. La vulnerabilidad no debe ser una declaración programática, debe tener consecuencias procedimentales y sustantivas.

Séptima propuesta: mejorar la ejecución de resoluciones y acuerdos. La satisfacción del consumidor depende de que el dinero, la reparación o la sustitución lleguen efectivamente. En acciones colectivas, ADR y sanciones con medidas accesorias de restitución, deben existir mecanismos de seguimiento, transparencia y liquidación. Una resolución que no se ejecuta erosiona la confianza más que la ausencia de resolución.

Octava propuesta: utilizar datos públicos para detectar infracciones masivas. Reclamaciones administrativas, laudos, sentencias, consultas de asociaciones y alertas de producto pueden alimentar sistemas de detección temprana. Bien gobernada, la tecnología puede servir a la protección del consumidor. Pero su uso debe respetar transparencia, control humano y garantías frente a sesgos.

Novena propuesta: conectar consumo y sostenibilidad con pruebas verificables. Las declaraciones ambientales deben estar respaldadas por evidencias, estándares y responsabilidad. El derecho a reparar debe venir acompañado de información accesible, piezas disponibles y costes razonables. La sostenibilidad debe convertirse en una ventaja competitiva real, no en una retórica de embalaje.

Décima propuesta: mantener vivo el diálogo judicial europeo. La experiencia española demuestra que las cuestiones prejudiciales han sido un instrumento poderoso para mejorar la tutela del consumidor. Los jueces nacionales deben seguir preguntando cuando existan dudas razonables sobre la interpretación de normas europeas. El consumidor español ha ganado derechos porque hubo jueces que no se resignaron a aplicar mecánicamente soluciones internas insuficientes.

IX. Conclusión: Europa como cultura jurídica de protección

Cuarenta años después de la incorporación de España a la Unión Europea, el balance para el consumidor y usuario español es inequívocamente positivo. Europa ha aportado normas, pero sobre todo ha aportado una cultura jurídica. Ha enseñado que el consumidor no es un contratante abstractamente libre, sino una persona que actúa en mercados complejos, frente a profesionales con poder informativo, tecnológico y económico. Ha enseñado que la información debe ser comprensible, que la cláusula abusiva no vincula, que la restitución debe ser íntegra, que el juez no puede ser espectador y que el remedio debe ser efectivo.

La Unión ha cambiado también la agenda nacional. Sin la Directiva 93/13 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la contratación bancaria española no habría vivido la misma transformación. Sin las directivas de derechos de consumidores, garantías digitales, prácticas comerciales, crédito y mercados en línea, la protección del consumidor español seguiría anclada en categorías analógicas. Sin el DSA, el Reglamento de seguridad general de productos, la Directiva de transición ecológica y el derecho a reparar, el consumidor digital y sostenible estaría peor armado frente a nuevas asimetrías. Pero la historia no está cerrada. La protección del consumidor ha pasado del producto físico al ecosistema digital, del folleto publicitario al algoritmo, de la tienda al mercado digital, del contrato individual al daño masivo, de la reparación aislada a la acción colectiva. El Derecho español debe asumir esa transformación con ambición. La próxima década exigirá mejor técnica legislativa, mejores autoridades, mejores jueces especializados, mejor tutela colectiva y mejor lenguaje jurídico.

La incorporación de España a Europa no solo abrió fronteras. Abrió una conversación jurídica permanente sobre cómo proteger al ciudadano en el mercado. Esa conversación ha tenido momentos de tensión, demoras y correcciones, pero ha elevado el estándar de tutela. El consumidor español de 2026 puede reclamar más, comprender más, recuperar más y exigir más que el consumidor de 1986. Esa es una conquista jurídica y democrática.

La tarea pendiente consiste en hacer que esa conquista sea sencilla, accesible y real para todos. Porque el éxito del Derecho de consumo no se mide por el número de normas publicadas ni por el grosor de los repertorios jurisprudenciales. Se mide por la posibilidad de que una persona, ante un abuso cotidiano, encuentre un camino razonable para ser escuchada, reparada y protegida. En esa tarea, Europa ha sido viento favorable y corresponde ahora a España desplegar bien las velas.

Finalmente, no todo ha venido de Europa a España, también es cierto que el consumidor español no ha sido solo destinatario del Derecho europeo de consumo. Ha sido, mediante sus litigios y las cuestiones prejudiciales de sus jueces, uno de sus grandes catalizadores. España no solo ha recibido Derecho europeo de consumo, lo ha ayudado a construirse. Los jueces españoles han planteado preguntas decisivas, los abogados han sostenido controversias complejas, las asociaciones de consumidores han canalizado conflictos y el Tribunal Supremo ha desarrollado una doctrina propia, a veces en diálogo pacífico y a veces en tensión con Luxemburgo. El ciudadano consumidor ha sido, sin saberlo, protagonista de una arquitectura multinivel.

Permítanme cerrar esta parte con una imagen. En 1986, el consumidor español entró en Europa con una mochila jurídica todavía ligera: una Constitución joven, una Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios reciente y una sociedad que empezaba a descubrir que consumir también podía ser un espacio de derechos. Cuarenta años después, esa mochila pesa más. Contiene directivas, reglamentos, sentencias, autoridades, garantías, acciones, desistimientos, actualizaciones digitales, compensaciones aéreas, derechos de reparación y promesas de tutela colectiva. Pero el peso no debe asustarnos: es el peso de una ciudadanía jurídica más adulta.

El reto consiste en que esa mochila no se convierta en una carga incomprensible. La protección del consumidor debe ser fuerte, pero también clara. Debe ser técnica para el jurista y útil para la persona. Debe permitir al juez resolver, al abogado reclamar, a la asociación representar, a la administración sancionar y al consumidor entender. Si el ciudadano no comprende su derecho o no puede ejercerlo, el sistema habrá fracasado, aunque sus normas sean impecables.

Europa ha demostrado que el mercado no se debilita cuando se protege al consumidor. Se fortalece. El mercado necesita confianza, y la confianza se construye con información veraz, contratos equilibrados, productos seguros, plataformas responsables y remedios efectivos. La empresa que cumple no debe competir en desventaja frente a quien oculta, manipula o impone. La protección del consumidor es también protección de la competencia leal.

Europa ha hecho por la letra pequeña lo que la Ilustración hizo por la superstición: obligarla a salir a la luz. Durante demasiado tiempo la letra pequeña fue una zona de penumbra, un sótano del contrato donde se guardaban renuncias, gastos, vencimientos, intereses, comisiones y sorpresas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no ha prohibido las condiciones generales; ha prohibido que el profesional convierta la oscuridad en modelo de negocio. Hay contratos que no son contratos: son laberintos. Y el Derecho no puede celebrar el laberinto por el solo hecho de que el consumidor haya encontrado la puerta de entrada.

En estos cuarenta años, los consumidores españoles hemos ganado batallas que parecían imposibles. Han llevado al Tribunal de Justicia problemas nacidos en escrituras notariales, contratos de telefonía, ejecuciones hipotecarias, arbitrajes y reclamaciones aparentemente pequeñas. Y esas batallas han producido doctrina europea para todos. En cada cuestión prejudicial late una idea democrática: el ciudadano concreto puede mover el Derecho de Europa.

Por eso el aniversario no debe ser complacencia, sino compromiso. Queda mucho por hacer: acciones colectivas eficaces, autoridades con medios, lenguaje claro, inclusión digital, sostenibilidad verificable, reparación real, transparencia algorítmica y una justicia que no tarde tanto que el derecho llegue cansado. Pero el rumbo está trazado. Si España aprovecha la próxima década, puede pasar de ser laboratorio de litigios a ser referente de tutela colectiva y digital del consumidor.

La Unión Europea nos ha dado vientos legislativos y jurisprudenciales. Algunos han soplado como brisa reformadora y otros como vendaval que obligó a cambiar normas y prácticas. Lo importante ahora es navegar con inteligencia. Porque el consumidor no pide privilegios. Pide que el contrato sea comprensible, que el producto sea seguro, que el servicio sea digno, que la publicidad no engañe, que la plataforma responda, que la reparación llegue y que el abuso no sea rentable. Esa es, al final, una exigencia elemental de justicia.

La Europa de los próximos años no protegerá solo al consumidor que compra un bien defectuoso o al prestatario que firma una cláusula no transparente. Tendrá que proteger al usuario que entrega datos como contraprestación, al viajero que contrata en una plataforma transfronteriza, al comprador que confía en una reseña generada artificialmente, al ciudadano vulnerable que accede a un suministro esencial, al usuario que depende de actualizaciones digitales para que el producto siga funcionando, y al consumidor que toma decisiones influido por afirmaciones ambientales cuya veracidad no puede comprobar por sí mismo. En todos esos escenarios, el Derecho de consumo se entrelaza con el Derecho de datos, la regulación de plataformas, la seguridad de productos, el crédito responsable, la sostenibilidad y la inteligencia artificial.

El reto doctrinal consiste, por tanto, en mantener la coherencia del sistema. La europeización ha producido avances indiscutibles, pero también una cierta fatiga normativa: directivas de armonización plena, normas de mínimos, reglamentos de aplicación directa, transposiciones parciales, reformas sectoriales y jurisprudencia correctora conviven en un mosaico de enorme riqueza, pero difícil manejo. La tarea del jurista no es solo celebrar los logros, sino ordenar el sistema, depurar sus contradicciones y recordar que la finalidad última no es la acumulación normativa, sino la protección efectiva de la persona consumidora. Un Derecho de consumo ininteligible para sus destinatarios traicionaría su propio fundamento.

Conviene también reivindicar la dimensión ética del consumo. La Unión Europea ha ido desplazando el eje desde la simple tutela frente al abuso hacia una concepción más amplia de ciudadanía económica. Consumir no es solo comprar; es participar en un ecosistema de producción, información, financiación, movilidad, datos y sostenibilidad. Por eso, el consumidor no debe ser tratado como un individuo aislado que asume todos los riesgos de su decisión, sino como una persona inserta en relaciones estructuralmente asimétricas que requieren reglas públicas de equilibrio. La protección del consumidor no es enemiga de la empresa honesta: es su mejor aliada, porque expulsa ventajas indebidas, sanea la competencia y fortalece la confianza en el mercado.

El Derecho de consumo puede parecer una materia prosaica: facturas, billetes, lavadoras, tarjetas, aplicaciones, cláusulas. Pero en realidad es una de las ramas donde mejor se aprecia la función civilizadora del Derecho privado contemporáneo. Porque ahí se decide si la libertad contractual es libertad real o mera fórmula. Si el mercado se gobierna por reglas comprensibles o por opacidad o si la justicia llega a quien sufre un daño pequeño o solo a quien puede permitirse litigar.

Cuarenta años después, la gran lección europea puede expresarse de forma clara: el Derecho del consumo avanza cuando deja de pedir al consumidor que sea héroe solitario y empieza a construir instituciones que hagan razonable el ejercicio de sus derechos. La información clara, la transparencia material, el control de oficio, la restitución íntegra, la tutela colectiva, la resolución alternativa eficaz, la supervisión de plataformas, la seguridad digital y la sostenibilidad verificable son manifestaciones de una misma convicción. Allí donde hay asimetría estructural, el Derecho no debe limitarse a proclamar libertad: debe crear las condiciones para que esa libertad sea real. Ese es el viento europeo que ha llegado a España y que debe seguir soplando con más coherencia, más sencillez y más justicia.